Óscar Urralburu, secretario general de PODEMOS-RM, ha recibido a Ángel L. Hernández, presidente de AIDMUR para analizar y buscar soluciones a los problemas de gestión e incapacidad para el diálogo por parte de la consejería de Educación.
📣📣Ampliación En la misma reunión estuvimos viendo con detalle el proyecto de ley que ha presentado la formación morada para limitar la ley de conciertos y que entre otras cosas no se pueda ampliar a FP Y Bachillerato , o hacerse para 6 años .( Ampliado 20 de Abril)

En la mañana de ayer, 17 de abril, tuvo lugar una reunión entre AIDMUR y la organización política regional de PODEMOS, en la sede de dicha formación política en Murcia, con el objeto de analizar la actual situación educativa de la Región, especialmente respecto de los temas que más afectan al colectivo docente interino de la Región de Murcia.

El presidente de AIDMUR, Ángel L. Hernández, acompañado por nuestro vicepresidente, José Luis Sánchez, ha trasladado a Óscar Urralburu, dirigente de la formación morada, la grave preocupación ante los planes del gobierno regional de ampliar los conciertos educativos en la E.S.O. y etapas no obligatorias como Bachillerato o Formación Profesional, sin que exista demanda social y por la vía de la imposición unilateral, y sus graves consecuencias sobre las opciones de empleo para los docentes interinos de la Región, y que supondrá que cientos de docentes interinos pierdan su trabajo y para el cual han demostrado su capacidad y valía.

Ambas formaciones han coincidido en que el gobierno regional solo pretende avanzar en la privatización de la educación y en la segregación del alumnado, y todo ello a cargo de los bolsillos de todos los ciudadanos, detrayendo fondos públicos y trasvasándolos a centros privados. Al respecto, Óscar Urralburu ha puntualizado que existe una perversión adicional en las intenciones de la consejería de Educación, pues las enseñanzas no obligatorias concertadas sí implican un pago por parte de las familias, lo cual restringe las opciones de la mayoría que no pueda hacer frente a dicho pago, produciendo una segregación del alumnado por su condición económica, lo que echa por tierra el falso discurso de la libertad de elección esgrimido por el PP para intentar justificar la medida.

Tanto Ángel L. Hernández como Óscar Urralburu han coincidido en que la educación privada debe ser subsidiaria de la pública y no al revés, y que tras los procesos de concertación y privatización se esconden intereses económicos que benefician solo a unos pocos, y que en muchas ocasiones dichos conciertos han encubierto auténticas tramas de corrupción como las evidenciadas con la Púnica, tanto en Madrid como en Valencia.

Además, ambas organizaciones compartimos la visión de que la tan pregonada “calidad y excelencia” se mide con un doble rasero e hipocresía, pues los docentes de la privada no acceden mediante oposición alguna sino mediante contactos personales o comprando directamente una plaza, pagando por trabajar. Sorprende asimismo que la consejera de Educación aplauda constantemente y preste mayor atención a estos centros que a los centros públicos, donde se encuentra la mayor parte del alumnado, donde no se segrega por su condición económica o social y donde su profesorado sí tiene que pasar por el filtro del concurso-oposición, demostrando mérito y capacidad. A este respecto, contrasta el trato vejatorio y la desconsideración continua que la consejería de Educación dispensa desde hace años a los docentes de los centros públicos de la Región.

Por estos motivos AIDMUR ha trasladado a PODEMOS una propuesta para que las organizaciones políticas tomen cartas en el asunto, paralizando el actual despropósito de la ampliación de los conciertos y limitando su número y alcance con unos criterios bien definidos. No es admisible que el actual gobierno regional pretenda imponer, sin diálogo ni negociación, una ampliación de los conciertos que, encima, pretende blindar en el tiempo. Insistimos que dichos conciertos no responden a ninguna necesidad ni demanda social, y que suponen una subvención pública directa a entidades privadas que tienen ánimo de lucro y que basan su actividad en la segregación y selección de su alumnado, relegando a las capas más desfavorecidas, en virtud de un falso discurso sobre la libertad de elección.

Resulta paradójico, además, que desde el gobierno regional se insista en la necesidad de dotar de estabilidad a las plantillas de los centros privados mientras se ha precarizado el empleo y sus condiciones en los centros públicos, haciendo sufrir a miles de docentes interinos que han perdido su empleo y sus oportunidades gracias a los recortes y a la imposición de absurdos sistemas rotatorios en el empleo que en nada benefician a la calidad de la atención educativa, despreciando la experiencia y la trayectoria de los docentes.

Asimismo, AIDMUR ha hecho especial incidencia en la necesidad de fiscalizar dichos conciertos y apostar por la transparencia absoluta en el destino de dichos fondos públicos, y del funcionamiento de los centros privados respecto a la admisión del alumnado y el cobro de cuotas a las familias, a lo que desde PODEMOS se han mostrado de acuerdo.

Ángel L. Hernández también ha trasladado la situación de bloqueo permanente de la consejería de Educación hacia los docentes interinos, a los que se niega el diálogo, por lo que el denominado pacto regional por la educación es una burla y una mentira más de una consejera y su equipo que han demostrado su incompetencia manifiesta hasta el punto de ser reprobados por la propia Asamblea Regional. Desde AIDMUR nos preocupa y lamentamos profundamente la inquina existente contra un colectivo que solo defiende sus derechos y que ha criticado legítimamente los brutales recortes que se han realizado. Tanto les ha molestado que una de las preocupaciones de Pedro Antonio Sánchez, predecesor en la consejería de Educación de María Isabel Sánchez Mora, era limpiar su reputación frente a las informaciones que provenían de AIDMUR, razón por la que pretendía contratar los servicios de una empresa ligada a la trama corrupta de la Púnica, según la documentación publicada por diversos medios y proveniente de la instrucción judicial de dicha investigación por corrupción que ha forzado la dimisión de PAS.

La reunión ha finalizado con la convicción de que es necesario seguir trabajando conjuntamente con toda la comunidad educativa, especialmente a través del impulso de la plataforma por la defensa de la escuela pública de la Región, para revertir la actual situación y la necesidad de que ambas organizaciones continúen colaborando estrechamente.