Buenas tardes
Te convocamos para la Asamblea General Anual de AIDUR que tendrá lugar el próximo viernes en el Centro Municipal García Alix en C/Juan de la Cierva 1 en Murcia a las 17:30 (se adjunta cartel), con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Estado de cuentas anual.
3. Inicio de curso catastrófico.
4. Situación procedimientos llevados por José Mateos.
5. Elección Junta Directiva.
6. Ruegos y preguntas.
Los representantes de los docentes denuncian que la Consejería sólo oferta 226 plazas, cuando estiman que deberían salir más de 1.100
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región de Murcia (STERM) y la Asociación de Interinos Docentes (AIDMUR) han presentado ante los tribunales un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno Regional por el concurso de méritos de Estabilización Docente. El portavoz de STERM, Vladimir Solá, ha asegurado que ambas organizaciones tienen la “total certeza” de que el Gobierno regional “no ha incluido en el concurso de méritos de estabilización”. Solá ha explicado que, según dicta la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, aprobada en 2021, “deberían haberse ofertado a concurso todos los puestos de trabajo de carácter estructural ocupados por personas que mantienen una relación laboral de interinidad con la Administración desde antes del 1 de enero de 2016”. Sin embargo, el representante sindical denuncia que el Gobierno regional de López Miras ha sustraído puestos de trabajo estructurales, “en un nuevo capítulo de una política educativa que sólo está basada en recortar, privatizar y desmontar el servicio público”. Un afán que, asegura, lleva al Ejecutivo regional a “no estabilizar a personas que llevan años trabajando y en algunos casos aprobando oposiciones”. Además, Solá ha criticado que la cobertura de puestos de trabajo en interinidad en la Región de Murcia esté “sostenida por la precariedad, tanto a la hora de contratar como de trabajar” y ha lamentado que la Comunidad Autónoma “trate al interino del sector docente como de usar y tirar”.
Con este recurso, STERM y AIDMUR pretenden que las plazas ocultas y los puestos de trabajo que “se están hurtando a los docentes” salgan a concurso, ya que para las dos organizaciones “cualquier cosa que no sea garantizar la estabilidad de las personas que llevan años concatenando contratos de trabajo, es insistir en el fraude y en la ilegalidad”. Además, Solá ha recordado que desde el sindicato han planteado la necesidad de un Pacto Regional por la Estabilidad “en el que se acuerde de verdad con las fuerzas sindicales un acceso diferenciado, claramente separado, para aquellas personas que se encuentran en situación de abuso de la temporalidad”.
Por su parte, Sara Henarejos, portavoz de AIDMUR, ha considerado que las intenciones de la Consejería con el concurso de méritos “suponen un atropello al profesorado interino”. Henarejos ha lamentado que pese a que la Consejería de Educación “es consciente de que, según la ley, más de mil plazas deberían ser convocadas por concurso de méritos, Campuzano y López Miras sigan lesionando los derechos que los trabajadores tienen reconocidos legalmente”, convocando sólo 226 plazas para todos los cuerpos docentes e ignorando sus derechos adquiridos “tras años de servicio y trabajos en condiciones precarias”. La portavoz de AIDMUR ha señalado que desde su organización llevan meses advirtiendo a la Consejería de Educación que si no convocaban las plazas acordadas a la ley, recurrirían la decisión ante los tribunales. Según denuncia, desde el departamento de Campuzano no sólo han ignorado las solicitudes de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de interinos, sino que además “han mentido descaradamente diciendo que no tenían los recursos personales y digitales para contabilizar las plazas acordes a la ley”, en una estrategia que “busca sólo ganar tiempo”. La actitud de la Consejería revela, según Henarejos, “el desprecio y la inquina por el profesorado interino que les lleva caracterizando los últimos años”.
La portavoz de AIDMUR ha mostrado su convicción de que serán “una vez más”, los tribunales los que tengan que “dar la razón a los trabajadores y asegurar que se respetan derechos que otorga la ley y que Campuzano no puede ignorar”. Por último, Henarejos ha exigido López Miras y Campuzano que “rectifiquen cuanto antes” y dejen de “malgastar dinero público que debería servir para fortalecer la educación pública” en procesos judiciales que “saben de sobra que están perdidos”.
La asociación de interinos asegura que miles de alumnos y alumnas de secundaria que ya han empezado el curso “se encuentran sin profesores en muchas materias porque la Consejería intenta ahorrarse el sueldo y recortar más aún la inversión en Educación Pública”
Continúa la polémica en el inicio del curso escolar 2022/2023. A la falta de los currículos docentes, cuya aprobación la Consejería ha retrasado hasta mitad de curso, se suma ahora la ausencia de profesores y profesoras en numerosas materias de secundaria. Según ha denunciado la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia, la adjudicación de plazas para cientos de profesores que deberían estar ya en las aulas continúa sin producirse, y no lo hará hasta dentro de unos días a pesar de que el curso académico ha comenzado hoy mismo. Un hecho que también se repitió en la educación primaria y que lleva a la portavoz de AIDMUR, Sara Henarejos, a asegurar que la Consejería de Educación “sigue sin pensar en los alumnos y alumnas de la Región de Murcia”, al tiempo que denuncia que esta semana “no se ha producido ninguna adjudicación ni de primaria ni de secundaria”. “Cientos de docentes están en sus casas esperando que sean contratados para poder darles clases a estos estudiantes”, ha señalado.
Henarejos ha considerado que la situación actual en los centros de secundaria es “completamente anómala”, con alumnos y alumnas que ya han empezado el curso y que “se encuentran que no tienen profesores”. Peor aún es el panorama en primaria, donde siguen sin tener docentes desde el día 8 de septiembre, que dio comienzo el año escolar.
Por último, la portavoz de AIDMUR ha llamado a la rebelión de toda la comunidad educativa regional contra una Consejería que está desmantelando la educación pública, que deja durante más de una semana a los alumnos y alumnas sin docentes en las materias y que vulnera sistemáticamente los derechos laborales de profesores y profesoras. “Mientras se trata con guante de seda a la privada y concertada, se están robando recursos a la educación pública y retrasando el inicio real del curso para miles de jóvenes sólo con el objetivo de ahorrarse unos días de sueldo de sus profesores”, ha criticado Henarejos.
La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia asegura que “como cada verano los docentes en expectativa de destino y los interinos deben rellenar el tan tedioso como temido acto de adjudicación”
Nuevo lío en la adjudicación de plazas para el curso escolar 21/22. La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) ha denunciado que el proceso de adjudicación está resultando “tedioso y parece concebido para dificultar su comprensión”. El proceso de adjudicación de plazas se realiza de forma telemática, con ayuda de una aplicación informática para ordenar por orden de preferencia las plazas que están libres y que pueden ser ocupadas al empezar septiembre, pero en esta ocasión, tal y como señala la portavoz de AIDMUR, Encarna Martínez, “la Consejería ha decidido que aparezcan para ordenar todos los dobles perfiles relacionados con la especialidad de cada docente, aunque el docente en cuestión no esté habilitado para alguno de ellos”. Además, la asociación de interinos docentes asegura que el doble perfil “aparece en observaciones, con una letra pequeñísima y, en el caso de combinar dos plazas, ni se ve en la aplicación si no repasas de forma muy minuciosa el documento final (en algunos casos compuesto de 800 plazas)”. Aparece además “una amenaza de penalización”, que tiene el único objetivo de desalentar a quienes participan en el proceso.
Desde AIDMUR consideran “una crueldad” esta práctica, ya que “lo único que busca es provocar que el docente se equivoque”, de forma que se establezca una “criba ilegal y no reconocida” con la que justificar la expulsión de profesionales de las listas de empleo, ya que “lejos de ampliarse las plazas, se están recortando en todos los centros públicos”. Para la portavoz de AIDMUR, este despropósito “es consecuencia directa” de haber vendido la Consejería de Educación a cambio de su apoyo a López Miras “a una diputada tránsfuga de extrema derecha, sin capacidad de gestión y que no conoce en absoluto el funcionamiento de la educación pública”. Señalan además que en el “caótico sistema diseñado” se producen errores como que si alguien pide por error una plaza para la que no está habilitado, un docente que esté detrás y que sí cumpla los requisitos, ya no pueda optar a ella en ese acto, cuando por puntuación le correspondería”. Un error que además hará que determinadas plazas queden sin cubrir a principio de curso, retrasándose aún más su cobertura y añadiendo así más caos a los centros“.
Para Encarna Martínez, es “incomprensible” que esas plazas no sean retiradas de la aplicación para las personas que no puedan impartirlas, máxime cuando las plazas puras de una especialidad “sí se retiran sin problema alguno”. Se trataría por tanto de un problema de dejación de funciones sobre un colectivo que ya sufre una inestabilidad laboral y que además en la mayoría de casos se encuentra en fraude de ley. Además, rechazan cualquier tipo de sanción sobre los docentes debido a errores que “son de la Consejería, que es quien no está haciendo bien este proceso”. “Este caos solo se arregla con la repetición de todos los actos erróneos y con la vuelta de todos los docentes afectados a sus listas originales” ha concluido la portavoz de AIDMUR.
Murcia 30 de ene. de 21;
La Asociación de docentes interinos de la Región de Murcia (AIDMUR) celebró este viernes 29 de enero su asamblea general anual a través de videoconferencia, a la que asistieron mas de medio centenar de asociados, para tratar temas que afectan directamente al colectivo de profesorado interino, su estabilidad laboral y la situación actual de la educación pública en la Región de Murcia.
Es un sentir general entre todos los asociados de AIDMUR, que la Consejería de Educación ha publicado precipitadamente la convocatoria de oposiciones para Secundaria. Según informaron miembros de la directiva esta convocatoria se ha realizado de espaldas a las organizaciones sindicales y sin contar con esta asociación, a pesar de las reiteradas peticiones de reunión que ha elevado AIDMUR, que además ha hecho llegar a la Consejería de Educación, en reiteradas ocasiones, las propuestas de esta asociación, para mejorar los procesos de oposición. Los asistentes a la asamblea remarcaron el hecho de que la convocatoria sea entre el 12 y el 19 de junio, coincidiendo con los últimos trámites del curso académico y la EBAU, dificultará notablemente la preparación de las pruebas. Más aun en la situación actual, en plena pandemia y con los niveles diarios de estrés a los que deben enfrentarse cada día en las aula. Es especialmente preocupante que en esta convocatoria no se haya previsto ninguna media en los supuestos de aspirantes positivos COVID o en cuarentena, tampoco se contempla un protocolo si alguno de los aspirantes presenta síntomas durante alguna de las pruebas.
En AIDMUR siempre hemos defendido que una convocatoria de oposiciones debe estar ligada a un plan de estabilidad del profesorado interino con experiencia, mas en las circunstancias actuales, y no podemos comprender el empeño de la Consejería en ofertas masivas de plazas, en plena pandemia y con una dificultad tremenda que supone su organización cumpliendo con los protocolos COVID y garantizar la seguridad sanitaria de todos los participantes. Esto solo puede ser debido a la presión de las demandas interpuestas por los trabajadores en fraude de ley, y a intentar esquivar los requerimientos y las sanciones de Europa por mantener la situación de fraude pese sus recomendaciones y a la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020.
Desde AIDMUR debemos rechazar esta convocatoria de oposiciones, que no contempla un plan de estabilización para el colectivo docente interino en fraude de ley, que lleva años sustentando la educación pública y en las circunstancias actuales sigue dando lo mejor de si mismo, a pesar de los ataques y las ocurrencias de la Consejera de Educación, como la de despedir alumnos en vez de contratar profesorado.
En el mismo sentido la asamblea mostró su preocupación con la caducidad del acuerdo de interinos, cuya vigencia finaliza el 31 de agosto, y es el marco por el cual se rigen las actuales listas de interinos. Es un sentir general que el nuevo acuerdo debe garantizar la estabilidad del personal interino, contemplar de forma integral la trayectoria y no poner límites a la experiencia, pero sobre todo el nuevo acuerdo puede suponer alteraciones en las listas que terminen prescindiendo de docentes con experiencia, como ya ocurrió en el pasado.
La asamblea de AIDMUR ha recogido una serie de propuestas a tener en cuenta tanto para la propia convocatoria de oposiciones como para el acuerdo de interinos. La Asociación volverá a pedir entrevista con la Consejera, Esperanza Moreno Reventós, para comunicarle las propuestas de los docentes interinos.
Asimismo, se hizo un repaso de las condiciones que para la docencia impone el protocolo COVID y la sobrecarga de trabajo y de funciones que representa. También, de los posibles casos de desigualdad de trato entre profesorado de carrera y de los interinos.
Finalmente, la asociación ha renovado y ampliado la directiva. Y ha reafirmado su compromiso por la defensa del colectivo docente interino y por la educación pública
Desde AIDMUR consideramos que el incio de curso, en las circunstancias actuales, incumple la normativa de riesgos laborales, por lo que la semana pasada planteamos una demanda en la que pedíamos que se dictaminen medidas cautelares que garanticen una vuelta segura a las aulas.
En este enlace podéis ver la nota de prensa a tal efecto y desde aquí os podeis descargar la demanda presentada en el juzgado
Siguiendo la misma base legal nuestros servicios jurídicos han elaborado este escrito para que cualquier persona lo pueda presentar ante la consejería de educación y exija que riesgos laborales certifique la situación de su puesto y, en caso de cumplir las mínimas mediadas de seguridad, tome las medidas oportunas para ello «Escrito docentes consejería». El escrito os lo deberéis descargar y rellenar para presentarlo a la Consejería de Educación, ya sea por registro físico o telemático, entendiendo la dificultad de editar un documento en pdf lo enviaremos por correo electrónico a todos nuestros asociados y lo compartiremos con la plataforma Docentes Unidos, tal y como nos comprometimos.
Murcia, 05 de AGOSTO de 2020
Duro varapalo del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia a la Consejería de Educación, el cual ha dictaminado que la administración educativa regional ha vulnerado el derecho de AIDMUR al acceso a información pública.
Tras la victoria de AIDMUR en el Tribunal Supremo para la restitución de las pagas de verano sustraídas ilegalmente entre los años 2012 y 2015, en virtud de STS núm. 966/2018, recaída en el recurso noº 291/2012 del TSJ de Murcia, sobre impugnación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 24 de febrero de 2012, la Consejería y las organizaciones sindicales firmaron un Acuerdo para dar cumplimiento y ejecución a dicha sentencia, estableciendo un polémico calendario de pagos que a fecha de hoy se sigue incumpliendo.
A raíz de dicho Acuerdo, realizado a espaldas de AIDMUR, siendo nosotros los recurrentes y ganadores ante el Tribunal Supremo, solicitamos el acceso a toda la documentación pertinente que avalaba dicho acuerdo, después de que la propia consejera, en aquel entonces Adela Martínez Cachá, afirmase públicamente y en
una reunión mantenida con nosotros, que el acuerdo contaba con el aval correspondiente de los servicios jurídicos y económicos de la Consejería de Educación
AIDMUR, como parte interesada y con toda la legitimación legal (tal y como reconoce la legislación y el propio Consejo de Transparencia) requirió a la administración la remisión de dicha documentación y dichos informes para nuestro conocimiento. Sin embargo, la Consejería nunca atendió nuestra legítima petición, haciendo caso omiso a nuestras reiteradas peticiones. Como ejemplo de la actitud de la administración, decir que esta ha ido entregando documentación absolutamente irrelevante en un vano intento de burlar el derecho de nuestros asociados, cosa que no íbamos a tolerar.
Esta actitud fue lo que motivó que AIDMUR decidiera acudir al Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y solicitar, así, su amparo. Desde entonces, y hablamos de 2018, la Consejería de Educación se ha negado a entregar la documentación solicitada a pesar de los requerimientos del Consejo de Transparencia hasta que, hace unas semanas, este organismo dictaminó que la Consejería de Educación ha vulnerado nuestro derecho de acceso a la información, estimando nuestra reclamación y dando un nuevo plazo para hacer entrega de la documentación solicitada.
A pesar de ello, Educación se ha mantenido en su misma postura, lo cual ha motivado que el Consejo de Transparencia haya dictado resolución, el pasado día 30 de julio, instando a la Consejería de Educación a que cumpla con su deber de dar acceso a la información a la que le obliga la ley y a que “ponga en marcha procedimientos administrativos respetuosos y en consonancia con la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la Región de Murcia”; lo cual constituye un duro correctivo a la forma de proceder de una Consejería que suele actuar con prepotencia e ineficacia.
Sin embargo, tal y como nos temíamos y después de haber consultado con fuentes de la propia Consejería, la realidad es que Adela Martínez Cachá, corroborado por el silencio cómplice de la actual consejera, Esperanza Moreno, mintió cuando afirmó que dichos informes existían y que el Acuerdo firmado con los sindicatos, para hacer efectivo la devolución de las pagas de verano ilegalmente sustraídas a los docentes interinos de la Región, contaba con los avales jurídicos y económicos correspondientes.
Es decir, que Educación firmó un Acuerdo, para dar cumplimiento a una sentencia, por valor de más de 40 millones de euros, que afecta a miles de docentes, sin que exista un solo informe que avale dicha actuación. Igualmente, tampoco existe un expediente administrativo que haya registrado toda la documentación relacionada, incluidas las actas de la reunión con los sindicatos y la adopción de acuerdos, ni estudios jurídicos sobre legitimación ni viabilidad económica alguna, lo cual resulta de una gravedad absoluta, pues demuestra la espantosa gestión de recursos públicos realizada por una administración que incumple sus obligaciones más elementales.
A resultas de ello, anunciamos que AIDMUR va a estudiar si concurren responsabilidades legales, administrativas o penales, a consecuencia de esta situación que, incluso, compromete la legalidad de un Acuerdo que se realizó sin contar con la parte que ganó el asunto en el Tribunal Supremo, pues no existe informe jurídico que haya estudiado y avalado, por parte de la Consejería de Educación, la legitimidad de dicho Acuerdo; el cual, por otra parte, se sigue incumpliendo en cuanto al calendario establecido para la devolución de los pagos correspondientes.
La Plataforma Estatal por la Consolidación y la Estabilidad del Profesorado Interino (PECEPI), de la que AIDMUR es miembro fundador, se reunió este fin de semana en Madrid para analizar la situación actual del colectivo y acordar acciones
Después de analizar la situación del profesorado interino en los diferentes territorios del estado, la PECEPI insiste en la necesidad de modificar el Real Decreto 276/2007 de ingreso en la función pública docente para incorporar el acceso diferenciado y el artículo 61.6 del TREBEP para permitir un proceso extraordinario de consolidación (ingreso por baremo de méritos) en este período de oposiciones masivas en todos los territorios.
La PECEPI continua criticando el acuerdo de marzo de 2017, firmado por el exministro Montoro con determinados sindicatos, que ha dado lugar a la convocatoria de oposiciones masivas actual para consolidar plantillas, pero no al profesorado interino que actualmente está ocupando esas plazas. Por eso, la PECEPI insiste en los procesos de consolidación o, subsidiariamente, en la aplicación de la PNL aprobada a instancias de la PECEPI que, aunque no se aprobó la redacción original que incluía la consolidación, si se consiguió un consenso en un sistema transitorio que incluía entre otras mejoras las pruebas no eliminatorias en todo proceso de oposición. Esta PNL la votó favorablemente el actual partido en el gobierno, por lo que la PECEPI exige, como mal menor, su aplicación inmediata para que tenga efectos en las oposiciones de 2019, ya que los diferentes territorios ya están negociando las convocatorias de oposiciones.
Por otro lado, la PECEPI ha acordado participar en las convocatorias del movimiento Caminando, que está preparando movilizaciones de sectores laborales precarios para el próximo 23 de febrero y 6 de abril.
Asimismo, la PECEPI apoya la manifestación que se celebrará el próximo 9 de febrero en Valencia, por la consolidación y la estabilidad del profesorado interino y la modificación del sistema de ingreso.
Finalmente, la PECEPI hace un nuevo llamamiento a la unidad del profesorado interino para que trabaje conjuntamente en el mismo objetivo y aunar esfuerzos en esa dirección.
El gobierno de la Región de Murcia sigue empeñado en incumplir la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que proclaman el principio de igualdad y no discriminación entre empleados de la administración, independientemente del carácter indefinido o temporal de su relación contractual.
El pasado mes de noviembre la Mesa General de Negociación de la Función Pública aprobó la implantación de la carrera profesional en todos los sectores de la Administración regional, de forma que los funcionarios de carrera de Administración y Servicios y de Educación comenzarán a percibir estos complementos salariales de manera progresiva a partir de abril. De manera expresa, e incomprensible, se excluye a los interinos del cobro de dicho complemento, en un ejercicio de cinismo manifiestamente ilegal que no vamos a consentir.
Desde AIDMUR no entendemos la actitud de la administración regional, empeñada en negar la evidencia legislativa y jurisprudencial, y más cuando este gobierno ya ha sido condenado y avergonzado por el Tribunal Supremo a resultas de la sentencia ganada por AIDMUR el pasado verano por la cuestión del impago del verano a los docentes interinos, lo que motivó la derogación de un acuerdo del Consejo de Gobierno.
Por esta razón, anunciamos que ya estamos estudiando el ejercicio de las acciones legales oportunas, tanto administrativas como penales, contra una norma manifiestamente ilegal e impuesta a sabiendas de su ilegalidad.
No acertamos a entender cómo es posible que una administración incumpla consciente y voluntariamente la normativa constitucional y europea, así como la jurisprudencia, que consagran el principio de igualdad y no discriminación.
Pensamos que a este gobierno poco le importa el cumplimiento de la legalidad, y tampoco debe importarle mucho el gasto que va a originar a los ciudadanos de la Región en litigios ante la justicia. Asimismo demuestran un escaso sentido de la responsabilidad y de la vergüenza cuando saben perfectamente que van a perder ante los tribunales y que van a tener que hacer frente al pago de cantidades millonarias, e incluso indemnizatorias, así como el caos que supondrá la actualización de las correspondientes nóminas a miles de afectados/as.
Por ello nos preguntamos si estos teóricos responsables políticos actuarían de la misma forma si estos tuvieran que afrontar personalmente dichos gastos de su propio bolsillo, pues parecen actuar muy alegremente con el dinero que es de todos; al igual que ha ocurrido con la vergonzosa publicación de un libro plagado de faltas de ortografía, auspiciado por la consejería de agricultura y la de educación, que nos cuesta la friolera de 150.000 euros, y que no ha pasado por ningún control ni supervisión. Y es que esto es lo que ocurre cuando se da cobertura a determinados chiringuitos, entrelazados con relaciones personales, y cuando el nivel de nuestros representantes es tan sumamente bajo, por lo que solicitamos públicamente que la Asamblea Regional fiscalice la actuación del programa escolar de consumo de frutas y hortalizas, que supone más de 800.000 euros que deberían estar perfectamente justificados.
Después del «acuerdazo» llevado a cabo por los sindicatos con la Consejería de Educación, nuestros servicios jurídicos entienden que existen dos aspectos que pueden resultar especialmente perjudiciales para el colectivo de docentes interinos afectados:
Según nuestro abogado, José Mateos, se nos presentan varias posibilidades de actuación.
En este caso, les basta con pinchar el botón que se habilitará en su página personal de Educarm. Habrá tiempo suficiente para decidirse y recomendamos no precipitarse, pues pulsando el botón se renuncia a toda posible acción legal posterior. Es decir, que hacer click en dicha opción resulta vinculante e implica la renuncia expresa a realizar una reclamación.
Además, hay que tener en cuenta que las cantidades adeudadas están sujetas a disponibilidad presupuestaria y que AIDMUR desconoce los términos y efectos del acuerdo firmado. Al respecto, no hemos recibido los informes jurídicos y económicos que presuntamente avalan dicho acuerdo, pues la consejera de educación, Adela Martínez Cachá, se ha negado a facilitarlos pese a que se comprometió a ello.
Debemos tener en cuenta que esta falta de transparencia hace que se desconozcan aspectos como qué procedimiento va a seguirse respecto a la regularización de las oportunas prestaciones por desempleo percibidas durante los periodos afectados, así como en lo referente a las declaraciones por IRPF.
Por todo ello, desde AIDMUR recomendamos que se consulte con las organizaciones sindicales que firmaron dicho “acuerdo”.
No obstante, nuestro abogado reconoce que la aceptación y la adhesión al acuerdo resulta razonable para aquellos que tengan reconocidos los 4 veranos, aunque en ningún caso podemos garantizar el cumplimiento del acuerdo y desconocemos los pormenores del mismo.
En el caso de las personas que están siendo llamadas por la consejería como “primeros firmantes de la demanda”, aquellos que se adhirieron a nuestra demanda inicial ante el TSJ, cobrarán el 100% antes de finalizar 2018. En este punto, recordamos que lo que expresa la literalidad del “acuerdo” es que cobrarán en primer lugar “los que han ganado la sentencia”, y que la Consejería va a interpretar lo que le dé la gana (veremos si esto posee consecuencias), en realidad quien gana la sentencia es AIDMUR, en exclusiva, pues es la única parte firmante del recurso ante el Tribunal Supremo.
Este trámite requiere la intervención del Consejo Jurídico, aunque su dictamen no resulta vinculante y tardaría unos 6 meses. Este paso ya lo habéis dado y a la mayoría no os han contestado, por lo que si queréis seguir con el procedimiento os recomendamos que presentéis el escrito que os adjuntamos.
Se da la casuística de que el sindicato SIDEMUR, con una revisión de oficio “muy parecida” a la nuestra, le ha sido admitida a trámite las suya, mientras que las nuestras permanecen en silencio administrativo. No entendemos por qué a nosotros, que las presentamos este verano pasado, aún no hemos recibido notificación alguna. Por lo que el abogado recomienda que quien demande tendría que tener esta revisión de oficio admitida a trámite, por lo que podemos apresurarla registrando el documento adjunto en la Consejería de Educación, puedes descargarte el documento Pinchando aquíí.
José Mateos también nos comenta que si perdiéramos, considera que la Consejería debería abonarnos, al menos, lo que se ha aprobado en el “acuerdo”, ya que de no hacerlo estarían cometiendo un delito de prevaricación. No puede garantizarnos que los jueces vayan a asumir ese criterio, pero entiende que es el más razonable porque una Administración no puede pagar dinero público a quien no tiene derecho a ello y, por tanto, no puede abonar una cantidad a un interino que se acoja al “acuerdo” y negársela a otro que se encuentre en sus mismas condiciones pero ha decidido no suscribirlo.
José Mateos se caracteriza por decir las cosas tal como son, y por ello nos indica que existen unos riesgos que todos debemos conocer para poder tomar una decisión. Si perdiéramos en el contencioso (realmente poco probable) y nos condenaran en costas, la cantidad máxima podría ser unos 900€. Si fuéramos al TSJ y ocurriera lo mismo, las costas serían unos 700€. Pero estas condenas serían muy improbables, pues solo se darían si no se concediera ni uno solo de los veranos; es decir, que el juzgado nos negara el acuerdo ya firmado por la Consejería, algo bastante complicado pues tenemos constancia de que la administración ya está desistiendo en algunos juicios pendientes
Todo esto conlleva unos gastos con el abogado:
Para más información puedes mandar un email al abogado tomasdeaquino49@hotmail.com y pedir cita en su despacho. Recordamos que sus honorarios en consulta para asociados son de 20€, y para no asociados ascienden a 40€.