STERM y AIDMUR exigen en los tribunales más plazas en educación pública por concurso de méritos

Los representantes de los docentes denuncian que la Consejería sólo oferta 226 plazas, cuando estiman que deberían salir más de 1.100

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región de Murcia (STERM) y la Asociación de Interinos Docentes (AIDMUR) han presentado ante los tribunales un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno Regional por el concurso de méritos de Estabilización Docente. El portavoz de STERM, Vladimir Solá, ha asegurado que ambas organizaciones tienen la “total certeza” de que el Gobierno regional “no ha incluido en el concurso de méritos de estabilización”. Solá ha explicado que, según dicta la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, aprobada en 2021, “deberían haberse ofertado a concurso todos los puestos de trabajo de carácter estructural ocupados por personas que mantienen una relación laboral de interinidad con la Administración desde antes del 1 de enero de 2016”. Sin embargo, el representante sindical denuncia que el Gobierno regional de López Miras ha sustraído puestos de trabajo estructurales, “en un nuevo capítulo de una política educativa que sólo está basada en recortar, privatizar y desmontar el servicio público”. Un afán que, asegura, lleva al Ejecutivo regional a “no estabilizar a personas que llevan años trabajando y en algunos casos aprobando oposiciones”. Además, Solá ha criticado que la cobertura de puestos de trabajo en interinidad en la Región de Murcia esté “sostenida por la precariedad, tanto a la hora de contratar como de trabajar” y ha lamentado que la Comunidad Autónoma “trate al interino del sector docente como de usar y tirar”. 

Con este recurso, STERM y AIDMUR pretenden que las plazas ocultas y los puestos de trabajo que “se están hurtando a los docentes” salgan a concurso, ya que para las dos organizaciones “cualquier cosa que no sea garantizar la estabilidad de las personas que llevan años concatenando contratos de trabajo, es insistir en el fraude y en la ilegalidad”. Además, Solá ha recordado que desde el sindicato han planteado la necesidad de un Pacto Regional por la Estabilidad “en el que se acuerde de verdad con las fuerzas sindicales un acceso diferenciado, claramente separado, para aquellas personas que se encuentran en situación de abuso de la temporalidad”. 

Por su parte, Sara Henarejos, portavoz de AIDMUR, ha considerado que las intenciones de la Consejería con el concurso de méritos “suponen un atropello al profesorado interino”. Henarejos ha lamentado que pese a que la Consejería de Educación “es consciente de que, según la ley, más de mil plazas deberían ser convocadas por concurso de méritos, Campuzano y López Miras sigan lesionando los derechos que los trabajadores tienen reconocidos legalmente”, convocando sólo 226 plazas para todos los cuerpos docentes e ignorando sus derechos adquiridos “tras años de servicio y trabajos en condiciones precarias”. La portavoz de AIDMUR ha señalado que desde su organización llevan meses advirtiendo a la Consejería de Educación que si no convocaban las plazas acordadas a la ley, recurrirían la decisión ante los tribunales. Según denuncia, desde el departamento de Campuzano no sólo han ignorado las solicitudes de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de interinos, sino que además “han mentido descaradamente diciendo que no tenían los recursos personales y digitales para contabilizar las plazas acordes a la ley”, en una estrategia que “busca sólo ganar tiempo”. La actitud de la Consejería revela, según Henarejos, “el desprecio y la inquina por el profesorado interino que les lleva caracterizando los últimos años”.

La portavoz de AIDMUR ha mostrado su convicción de que serán “una vez más”, los tribunales los que tengan que “dar la razón a los trabajadores y asegurar que se respetan derechos que otorga la ley y que Campuzano no puede ignorar”. Por último, Henarejos ha exigido López Miras y Campuzano que “rectifiquen cuanto antes” y dejen de “malgastar dinero público que debería servir para fortalecer la educación pública” en procesos judiciales que “saben de sobra que están perdidos”.

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