Buenas tardes
Te convocamos para la Asamblea General Anual de AIDUR que tendrá lugar el próximo viernes en el Centro Municipal García Alix en C/Juan de la Cierva 1 en Murcia a las 17:30 (se adjunta cartel), con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Estado de cuentas anual.
3. Inicio de curso catastrófico.
4. Situación procedimientos llevados por José Mateos.
5. Elección Junta Directiva.
6. Ruegos y preguntas.
Los representantes de los docentes denuncian que la Consejería sólo oferta 226 plazas, cuando estiman que deberían salir más de 1.100
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región de Murcia (STERM) y la Asociación de Interinos Docentes (AIDMUR) han presentado ante los tribunales un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno Regional por el concurso de méritos de Estabilización Docente. El portavoz de STERM, Vladimir Solá, ha asegurado que ambas organizaciones tienen la “total certeza” de que el Gobierno regional “no ha incluido en el concurso de méritos de estabilización”. Solá ha explicado que, según dicta la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, aprobada en 2021, “deberían haberse ofertado a concurso todos los puestos de trabajo de carácter estructural ocupados por personas que mantienen una relación laboral de interinidad con la Administración desde antes del 1 de enero de 2016”. Sin embargo, el representante sindical denuncia que el Gobierno regional de López Miras ha sustraído puestos de trabajo estructurales, “en un nuevo capítulo de una política educativa que sólo está basada en recortar, privatizar y desmontar el servicio público”. Un afán que, asegura, lleva al Ejecutivo regional a “no estabilizar a personas que llevan años trabajando y en algunos casos aprobando oposiciones”. Además, Solá ha criticado que la cobertura de puestos de trabajo en interinidad en la Región de Murcia esté “sostenida por la precariedad, tanto a la hora de contratar como de trabajar” y ha lamentado que la Comunidad Autónoma “trate al interino del sector docente como de usar y tirar”.
Con este recurso, STERM y AIDMUR pretenden que las plazas ocultas y los puestos de trabajo que “se están hurtando a los docentes” salgan a concurso, ya que para las dos organizaciones “cualquier cosa que no sea garantizar la estabilidad de las personas que llevan años concatenando contratos de trabajo, es insistir en el fraude y en la ilegalidad”. Además, Solá ha recordado que desde el sindicato han planteado la necesidad de un Pacto Regional por la Estabilidad “en el que se acuerde de verdad con las fuerzas sindicales un acceso diferenciado, claramente separado, para aquellas personas que se encuentran en situación de abuso de la temporalidad”.
Por su parte, Sara Henarejos, portavoz de AIDMUR, ha considerado que las intenciones de la Consejería con el concurso de méritos “suponen un atropello al profesorado interino”. Henarejos ha lamentado que pese a que la Consejería de Educación “es consciente de que, según la ley, más de mil plazas deberían ser convocadas por concurso de méritos, Campuzano y López Miras sigan lesionando los derechos que los trabajadores tienen reconocidos legalmente”, convocando sólo 226 plazas para todos los cuerpos docentes e ignorando sus derechos adquiridos “tras años de servicio y trabajos en condiciones precarias”. La portavoz de AIDMUR ha señalado que desde su organización llevan meses advirtiendo a la Consejería de Educación que si no convocaban las plazas acordadas a la ley, recurrirían la decisión ante los tribunales. Según denuncia, desde el departamento de Campuzano no sólo han ignorado las solicitudes de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de interinos, sino que además “han mentido descaradamente diciendo que no tenían los recursos personales y digitales para contabilizar las plazas acordes a la ley”, en una estrategia que “busca sólo ganar tiempo”. La actitud de la Consejería revela, según Henarejos, “el desprecio y la inquina por el profesorado interino que les lleva caracterizando los últimos años”.
La portavoz de AIDMUR ha mostrado su convicción de que serán “una vez más”, los tribunales los que tengan que “dar la razón a los trabajadores y asegurar que se respetan derechos que otorga la ley y que Campuzano no puede ignorar”. Por último, Henarejos ha exigido López Miras y Campuzano que “rectifiquen cuanto antes” y dejen de “malgastar dinero público que debería servir para fortalecer la educación pública” en procesos judiciales que “saben de sobra que están perdidos”.
Sara Henarejos, portavoz de los docentes, ha explicado que el retraso en las adjudicaciones de septiembre, que no finalizarán hasta el 12 para infantil y primaria y pasado el 19 de septiembre en secundaria, hará que miles de alumnos y alumnas no tengan a sus profesores en los primeros días de clase
El retraso en las adjudicaciones por parte de la Consejería de Educación va a provocar que miles de alumnos y alumnas comiencen el curso sin sus tutores y sin profesores en muchas materias. Mientras que los estudiantes de la Región de Murcia comenzarán las clases mañana, jueves 8 de septiembre, la adjudicación de las plazas de los profesores interinos no se producirá hasta el próximo 12 de septiembre en infantil y primaria y hasta el 19 de septiembre en el caso de secundaria. Unos días que, tal y como denuncia la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR), supone un recorte encubierto del presupuesto a costa de la educación del alumnado.
La portavoz de AIDMUR, Sara Henarejos, ha denunciado que durante esos días que «los alumnos y alumnas van a estar con docentes que no son sus tutores», por lo que «no se les podrá dar indicaciones de cómo se realizará el inicio de curso». Un retraso que Henarejos achaca al intento de la Consejería de «ahorrarse algunos euros a costa de la educación de la educación de los alumnos y alumnas murcianas y de los derechos de los docentes».
A este retraso en las adjudicaciones hay que sumar el hecho de que la Consejería de Educación ha prorrogado la publicación de los currículos que establecen los contenidos de cada materia. «Tal y como advertimos, el inicio del curso está suponiendo una situación caótica, en un claro intento por parte del Gobierno regional por desmantelar Kin la educación pública», ha considerado la portavoz de los interinos.
La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia asegura que “como cada verano los docentes en expectativa de destino y los interinos deben rellenar el tan tedioso como temido acto de adjudicación”
Nuevo lío en la adjudicación de plazas para el curso escolar 21/22. La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) ha denunciado que el proceso de adjudicación está resultando “tedioso y parece concebido para dificultar su comprensión”. El proceso de adjudicación de plazas se realiza de forma telemática, con ayuda de una aplicación informática para ordenar por orden de preferencia las plazas que están libres y que pueden ser ocupadas al empezar septiembre, pero en esta ocasión, tal y como señala la portavoz de AIDMUR, Encarna Martínez, “la Consejería ha decidido que aparezcan para ordenar todos los dobles perfiles relacionados con la especialidad de cada docente, aunque el docente en cuestión no esté habilitado para alguno de ellos”. Además, la asociación de interinos docentes asegura que el doble perfil “aparece en observaciones, con una letra pequeñísima y, en el caso de combinar dos plazas, ni se ve en la aplicación si no repasas de forma muy minuciosa el documento final (en algunos casos compuesto de 800 plazas)”. Aparece además “una amenaza de penalización”, que tiene el único objetivo de desalentar a quienes participan en el proceso.
Desde AIDMUR consideran “una crueldad” esta práctica, ya que “lo único que busca es provocar que el docente se equivoque”, de forma que se establezca una “criba ilegal y no reconocida” con la que justificar la expulsión de profesionales de las listas de empleo, ya que “lejos de ampliarse las plazas, se están recortando en todos los centros públicos”. Para la portavoz de AIDMUR, este despropósito “es consecuencia directa” de haber vendido la Consejería de Educación a cambio de su apoyo a López Miras “a una diputada tránsfuga de extrema derecha, sin capacidad de gestión y que no conoce en absoluto el funcionamiento de la educación pública”. Señalan además que en el “caótico sistema diseñado” se producen errores como que si alguien pide por error una plaza para la que no está habilitado, un docente que esté detrás y que sí cumpla los requisitos, ya no pueda optar a ella en ese acto, cuando por puntuación le correspondería”. Un error que además hará que determinadas plazas queden sin cubrir a principio de curso, retrasándose aún más su cobertura y añadiendo así más caos a los centros“.
Para Encarna Martínez, es “incomprensible” que esas plazas no sean retiradas de la aplicación para las personas que no puedan impartirlas, máxime cuando las plazas puras de una especialidad “sí se retiran sin problema alguno”. Se trataría por tanto de un problema de dejación de funciones sobre un colectivo que ya sufre una inestabilidad laboral y que además en la mayoría de casos se encuentra en fraude de ley. Además, rechazan cualquier tipo de sanción sobre los docentes debido a errores que “son de la Consejería, que es quien no está haciendo bien este proceso”. “Este caos solo se arregla con la repetición de todos los actos erróneos y con la vuelta de todos los docentes afectados a sus listas originales” ha concluido la portavoz de AIDMUR.
La apertura del expediente es resultado de la denuncia de AIDMUR ante el hackeo los datos personales de miles de profesores y profesoras de la región.
El pasado 7 de marzo, los Servicios Informáticos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia emitieron un comunicado en el que anunciaban que la Consejería de Educación había sido objeto de ataques informáticos masivos en su plataforma online. En dicha comunicación, no se especificó si esos ataques habían tenido éxito, ni si el hackeo había afectado a los datos personales de los 37.500 docentes que se encuentran en esta plataforma. Sin embargo, durante los días posteriores, varios profesores y profesoras de la Región detectaron que sus cuentas bancarias habían sido modificadas en la aplicación. Desde la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR), ante la falta absoluta de respuesta de la Consejería a las quejas de los afectados, decidieron entonces acudir al amparo de la Agencia Española de Protección de Datos, ya que suponen que si las cuentas bancarias han podido ser modificadas “es posible que hasta los datos más sensibles hayan podido ser expuestos, pues dentro de la plataforma están también documentos como expedientes académicos, titulaciones, experiencia docente o notas de oposiciones”. Ahora, la AEPD ha respondido a esta denuncia abriendo un expediente en el que investigará el alcance de las brechas de seguridad y las posibles responsabilidades, ya que ve “indicios sólidos de posibles irregularidades” en la actuación de la Consejería de Educación.
La portavoz de AIDMUR, Sara Henarejos, ha trasladado que, una vez detectado el ataque informático, “la única acción que se solicitó desde los servicios informáticos de la CARM fue el cambio de contraseña en hasta cuatro ocasiones durante el fin de semana, generando además el bloqueo en muchas de las cuentas necesarias para la actividad docente”. Esto se suma, tal y como denuncia Henarejos, a “otras malas prácticas en materia de seguridad informática que se han realizado por parte de la Consejería de Educación, como la creación masiva de cuentas con contraseñas comunes, la no solicitud de cambio en el primer acceso o el no uso de seguridad 2FA, consistente en la autentificación en dos pasos». Malas prácticas que, según la portavoz, “podrían suponer infracciones graves con la actual legislación en la mano”.
Además, Henarejos ha recordado que la gestión última de los datos de los alumnos en la plataforma digital recae en los profesores, que no reciben formación sobre el manejo de los datos en el aula virtual, lo que supone “un riesgo añadido para la seguridad tanto de los alumnos y alumnas como de los profesores”. “La consejería de Educación no puede seguir escondiendo la cabeza en un asunto tan grave como el hecho de que los datos bancarios, académicos y personales de decenas de miles de personas puedan haber acabado en manos de piratas informáticos. Las malas prácticas deben tener consecuencias y no es de recibo que nadie asuma su responsabilidad y que oculten información a las personas afectadas”, ha aseverado la portavoz de AIDMUR.
Murcia 30 de ene. de 21;
La Asociación de docentes interinos de la Región de Murcia (AIDMUR) celebró este viernes 29 de enero su asamblea general anual a través de videoconferencia, a la que asistieron mas de medio centenar de asociados, para tratar temas que afectan directamente al colectivo de profesorado interino, su estabilidad laboral y la situación actual de la educación pública en la Región de Murcia.
Es un sentir general entre todos los asociados de AIDMUR, que la Consejería de Educación ha publicado precipitadamente la convocatoria de oposiciones para Secundaria. Según informaron miembros de la directiva esta convocatoria se ha realizado de espaldas a las organizaciones sindicales y sin contar con esta asociación, a pesar de las reiteradas peticiones de reunión que ha elevado AIDMUR, que además ha hecho llegar a la Consejería de Educación, en reiteradas ocasiones, las propuestas de esta asociación, para mejorar los procesos de oposición. Los asistentes a la asamblea remarcaron el hecho de que la convocatoria sea entre el 12 y el 19 de junio, coincidiendo con los últimos trámites del curso académico y la EBAU, dificultará notablemente la preparación de las pruebas. Más aun en la situación actual, en plena pandemia y con los niveles diarios de estrés a los que deben enfrentarse cada día en las aula. Es especialmente preocupante que en esta convocatoria no se haya previsto ninguna media en los supuestos de aspirantes positivos COVID o en cuarentena, tampoco se contempla un protocolo si alguno de los aspirantes presenta síntomas durante alguna de las pruebas.
En AIDMUR siempre hemos defendido que una convocatoria de oposiciones debe estar ligada a un plan de estabilidad del profesorado interino con experiencia, mas en las circunstancias actuales, y no podemos comprender el empeño de la Consejería en ofertas masivas de plazas, en plena pandemia y con una dificultad tremenda que supone su organización cumpliendo con los protocolos COVID y garantizar la seguridad sanitaria de todos los participantes. Esto solo puede ser debido a la presión de las demandas interpuestas por los trabajadores en fraude de ley, y a intentar esquivar los requerimientos y las sanciones de Europa por mantener la situación de fraude pese sus recomendaciones y a la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020.
Desde AIDMUR debemos rechazar esta convocatoria de oposiciones, que no contempla un plan de estabilización para el colectivo docente interino en fraude de ley, que lleva años sustentando la educación pública y en las circunstancias actuales sigue dando lo mejor de si mismo, a pesar de los ataques y las ocurrencias de la Consejera de Educación, como la de despedir alumnos en vez de contratar profesorado.
En el mismo sentido la asamblea mostró su preocupación con la caducidad del acuerdo de interinos, cuya vigencia finaliza el 31 de agosto, y es el marco por el cual se rigen las actuales listas de interinos. Es un sentir general que el nuevo acuerdo debe garantizar la estabilidad del personal interino, contemplar de forma integral la trayectoria y no poner límites a la experiencia, pero sobre todo el nuevo acuerdo puede suponer alteraciones en las listas que terminen prescindiendo de docentes con experiencia, como ya ocurrió en el pasado.
La asamblea de AIDMUR ha recogido una serie de propuestas a tener en cuenta tanto para la propia convocatoria de oposiciones como para el acuerdo de interinos. La Asociación volverá a pedir entrevista con la Consejera, Esperanza Moreno Reventós, para comunicarle las propuestas de los docentes interinos.
Asimismo, se hizo un repaso de las condiciones que para la docencia impone el protocolo COVID y la sobrecarga de trabajo y de funciones que representa. También, de los posibles casos de desigualdad de trato entre profesorado de carrera y de los interinos.
Finalmente, la asociación ha renovado y ampliado la directiva. Y ha reafirmado su compromiso por la defensa del colectivo docente interino y por la educación pública
PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA DE MURCIA-MAREA VERDE |
Rueda de Prensa 24 agosto 2020.
PARTE 1
CRÍTICA DE LAS PROPUESTAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
1. Sobre el proceso de toma de decisiones
Denunciamos que las instrucciones de la Consejeríase han tomado sin participación de la comunidad Educativa. La “colaboración” con los sectores de la que presume la Sra. Moreno se limita a informar a posteriori de sus decisiones, como hizo el pasado jueves.
2. Sobre la contratación de 800 profesores y otro personal
2.1. El número de profesores anunciados para reforzar las necesidades educativas es claramente insuficiente. Se anuncian 800, de los cuales, según hemos podido conocer por los medios de comunicación, 500 serían para la educación pública y 300 para la concertada.
2.2. La educación pública viene sufriendo desde el año 2012 toda una serie de recortes que nos han colocado en una situación deficitaria. El aumento de la carga lectiva y la supresión de la reducción horaria para mayores de 55 años se ha traducido en 3300 docentes menos que nunca han sido recuperados. En este contexto, los 500 docentes anunciados, poco o nulo efecto van a tener en el conjunto de los más de 650 centros educativos públicos de nuestra región pues no tocan ni a uno por centro.
2.3. Además, hay que recordar que esos 500 fueron anunciados en el mes de julio pero de ellos no se supo nada. No se ofertaron esas plazas en el cupo de docentes, por lo que la organización de los grupos escolares de cada centro se cerró sin ninguna ampliación de personal y así sigue en la actualidad.
2.4. En cuanto a los nuevos 300 docentes anunciados el jueves, que sería la cuota de profesorado designada para la escuela concertada nos encontramos con un reparto que cuando menos es desproporcionado teniendo en cuenta tanto el número de centros públicos y privados (una relación de 75%-25%) como el alumnado de los mismos. También sería un reparto injusto, ya que no se atendería a otros criterios como los diferentes recursos de unos centros u otros, los beneficios económicos que obtienen cada uno de esos centros concertados en su gestión como empresa privada que son, o el número de alumnos en situación de vulnerabilidad que como sabemos se encuentra escolarizado fundamentalmente en la escuela pública.
2.5. A ello además hay que añadir que mientras que el profesorado de la pública será contratado con criterios públicos y objetivos de acuerdo a sus méritos, el de la concertada lo será con los de la propia empresa privada en procesos sin garantías de transparencia.
2.6. Es totalmente insuficiente la asignación de 2 millones para el refuerzo de la limpieza. Con este presupuesto se alcanza para la compra de suministros pero no para el refuerzo del personal, algo que es absolutamente necesario ya que se dobla el trabajo. Tampoco se dice nada del refuerzo de plantilla del PAS, que también es necesaria para el refuerzo en tareas de apoyo para garantizar las medidas de seguridad..
3. Sobre los fondos transferidos
3.1.- El gobierno de la Región de Murcia recibió en el mes de julio una transferencia del Ministerio de Hacienda, correspondiente, en parte, al primer tramo del fondo COVID-19.
El Real Decreto 22/2020, BOE de 17 de junio, regula los criterios de reparto de los 2000 millones de euros de dicho fondo destinados a Educación. De estos corresponden a la Región de Murcia alrededor de los 73 millones de euros, que se ingresarán en la CARM en el mes de septiembre. Por tanto no es cierto que no haya presupuesto. (sustitución por aportación PSOE)
3.2.- Otra cosa muy diferente es que se quieran destinar esos recursos para otros fines distintos a la prevención del contagio de la Covid–19 realizando gastos que corresponden al presupuesto ordinario de la Consejería como el propio mantenimiento de los centros y sus equipos (las partidas de estos fondos no vienen condicionadas). ¿Cómo si no hay que entender que se pretenda destinar parte de esos recursos a obras con el curso empezado o avanzado y con los problemas de espacio que hay en los centros? ¿O cómo hay que interpretar la compra de 23.000 dispositivos para las aulas plumier, que no se podrán utilizar mientras dure la pandemia por la imposibilidad de compartir materiales?
4. Sobre la reducción del “aforo”
4.1 Como comunidad educativa nos resulta indignante la utilización del término “aforo” como si las escuelas fueran plazas de toros o discotecas. El concepto de aforo es un eufemismo con el que confundir a la opinión pública haciendo creer que se baja la ratio. La medida de reducir la presencia en los centros en un 20% a diario es un auténtico disparate desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de la conciliación y desde el punto de vista de la organización educativa. Es además una medida discriminatoria, pues habrá alumnado que podrá ir a clase cinco días y otros sólo cuatro dependiendo de la ratio de la que partan.
4.2 Es absolutamente injusto que las medidas para reducir el número de alumnos en los centros tengan que recaer sobre las familias y el profesorado y sean a coste cero para la Consejería de Educación.
5. Sobre la “doble” jornada del profesorado.
5.1 Tanto las medidas de “reducción de aforo” para los niveles de infantil, primaria y 1º y 2º de ESO como las de semipresencialidad para el alumnado de 3º y 4º de ESO, FP y Bachillerato suponen doblar la carga lectiva para el profesorado pues debe atender tanto la clase presencial como al alumnado que se queda en casa. Recordemos que además las clases no presenciales deben realizarse desde el domicilio del profesorado porque los centros carecen de los recursos técnicos necesarios para hacerlas desde ellos.
5.2 Tal vez para compensar esta cuestión, se plantea la posibilidad de que las horas complementarias se hagan en el domicilio, lo que nos lleva a una situación completamente absurda por imposible de ejecutar ya que la configuración de los horarios de los centros no lo permite. Además, las horas complementarias deben seguir realizándose y no son equiparables a horas lectivas.
5.3 Teniendo en cuenta las circunstancias vividas desde marzo en el pasado curso escolar en las que todos los docentes nos vimos desbordados en nuestra labor educativa, dedicándole muchas más horas de las que por horario oficial nos correspondían, exigimos que queden reflejadas desde el comienzo de curso en nuestro horario tanto las sesiones presenciales como las telemáticas para evitar la sobrecarga horaria.
5.4 La posibilidad de grabar en streaming nos genera muchísimas dudas/problemas: vulneración de derechos de imagen tanto del profesorado como del alumnado; exposición de nuestras clases a cualquier persona ajena a la docencia; datos de las distintas plataformas; la ralentización producida porque la propia interacción en las clases y distintas interrupciones o dudas; se generan dos modelos incompatibles con mucha sobrecarga para los docentes.
6. Sobre la seguridad en los centros y los planes de contingencia.
6.1 En el mes de julio, las direcciones de los centros escolares tuvieron que elaborar sus planes de contingencia. Lo lógico hubiera sido que en estos planes, los centros escolares hubieran elevado a la administración sus necesidades materiales y humanas para poder cumplir con las condiciones de seguridad sanitaria exigidas y después la administración hubiera acordado con ellos las dotaciones necesarias. Pero esto se hizo al revés: la administración estableció unos requisitos que se debían cumplir sin dotar de los recursos para ello (de ahí las dimisiones de algunos equipos y las denuncias de muchos por la imposibilidad de llevarlos a cabo). Todo ello convierte estos planes de contingencia en meros requisitos formales con poca utilidad.
6.2 Los planes de contingencia, que abordan las condiciones en las que se va a preservar la salud en los centros, han sido elaborados por los equipos directivos, es decir, por docentes: maestros, filólogas, matemáticas…Y los han hecho sin asesoramiento en materia de salud de ningún especialista ni intervención de los equipos técnicos de la Consejería en materia de prevención de riesgos laborales que se han limitado a dar una serie de indicaciones de carácter general. Tampoco sabemos a quién le corresponde ahora supervisarlos y aprobarlos
7. Sobre la conciliación de la vida laboral y familiar.
Además de las dificultades ya señaladas que estas medidas van a traer en la conciliación de la vida laboral y familiar, tenemos que señalar que el coste de todas ellas recae exclusivamente en las familias pues no se garantiza que vengan acompañadas de las necesarias medidas complementarias para garantizar la conciliación con su correspondiente partida presupuestaria.
8. Sobre la falta de propuestas para el escenario telemático
Desde marzo no se ha avanzado nada y nos tememos que de nuevo sean los docentes con sus recursos quienes saquen adelante la teleformación. Se anuncia la compra de 17.000 dispositivos móviles y nos preguntamos para cuándo se va a ejecutar el procedimiento administrativo para disponer de este gasto. Recordemos que en el tercer trimestre, la distribución de las tarjetas SIM para el alumnado que no tenía conexión se demoró hasta el 15 de mayo. También hay que recordar que la administración tiene perfectamente localizado al alumnado vulnerable desde el pasado gracias a la labor realizada por los centros educativos que sí hicieron sus deberes.
PARTE 2
PROPUESTAS DE LA PLATAFORMA
NUESTRA PROPUESTA, QUE AÚNA CRITERIOS SANITARIOS CON CRITERIOS PEDAGÓGICOS INCLUSIVOS: ENSEÑANZA PRESENCIAL EN TODOS LOS TRAMOS EDUCATIVOS
1 Reducción de ratios en lo que sea necesario para cumplir las normativas sanitarias de carácter general que se establezcan en cada momento y según las condiciones de la pandemia. Para ello es imprescindible aumentar el profesorado en un número suficiente. Deberían recuperarse los 3300 puestos de trabajo que la educación pública perdió con los recortes.
A pesar de que hace más de un año que se derogó el Real Decreto 14/2012, en Murcia no se ha hecho nada para revertir los recortes que afectan a la ratio máxima establecida. Es lamentable que incluso en esta situación de pandemia en la Región de Murcia se sigan cerrando unidades de infantil y primaria y se mantenga la posibilidad de aumentar hasta un 20% las ratios máximas.
2 Búsqueda de espacios alternativos en cada centro realizando todas las actividades que sea posible al aire libre. Donde no existan espacios suficientes dentro de las propias instalaciones, las administraciones deben poner a disposición de las necesidades educativas otros espacios públicos, para infantil y primaria. En secundaria, se pondrán en marcha turnos de mañana y de tarde. Todas las medidas deben ser eficaces y consensuadas y minimizar al máximo el impacto sobre la conciliación de forma que, cuando esta se vea alterada, no recaiga el sobrecoste en las familias, especialmente en las más vulnerables.
3 Mejora y aumento de los medios informáticos y conectividad de los centros, del profesorado y de las familias, así como formación de docentes y familias en recursos didácticos para la enseñanza/aprendizaje con el apoyo de medios digitales.
4 Coordinación con los centros de salud para realizar labores de prevención y atención sobre la Covid-19, así como de formación y fomento de hábitos de vida saludables entre el alumnado y el resto de la comunidad educativa
5 Garantizar la dotación de material de protección adecuado, tanto para los trabajadores (obligación de la administración que empleadora) como para el alumnado que no disponga de recursos. Este material debe estar visado y regulado por los servicios sanitarios y de seguridad laboral de la administración.
6 Garantizar los 6 puntos clave para reducir el riesgo de contagio por la COVID-19 en las aulas: formación, protección (mascarillas adecuadas), distancia en aulas (1,5 metros entre alumnos y 2 entre alumno y docente), higiene (aumento del número de lavamanos con colocación de baterías de lavamanos en áreas ventiladas fuera de los aseos), ventilación asegurada en aulas auditadas por personal cualificado y reducción del tiempo de exposición, con clases de 30 minutos que permitan ventilaciones de 15 minutos entre clase y clase
7 La adopción de cualquier medida deberá tener en cuenta la situación de la pandemia en el entorno próximo de los centros. Es necesario elaborar una norma clara sobre los escenarios docentes en función del índice de contagios por cada 100.000 hab. con tres marcos posibles >25, de 25 a 50 y <50.
8 No es un curso normal. Por lo tanto no puede plantearse con los mismos recursos, ni con el mismo profesorado ni con los mismos espacios, ni con los mismos horarios, ni con las mismas programaciones ni con la misma metodología. El alumnado lleva más de seis meses en su casa y muchos estudiantes han pasado por situaciones muy complicadas. No se puede empezar el curso como si el anterior hubiese finalizado normalmente.
9 Hay que reconocer que, a pesar del esfuerzo que ha realizado el profesorado y las familias esta nueva situación ha generado un brecha significativa en la formación de nuestro estudiantado y actuar en consecuencia.
10 Por eso ahora más que nunca hay que trabajar coordinando esfuerzos e iniciativas pedagógicas. Exigimos recursos para garantizar la seguridad pero también para dar una respuesta adecuada a todo el alumnado.
11 Hay que aumentar el personal no docente en los centros, para que pueda reforzar las tareas que garanticen el cumplimiento de medidas de seguridad y ampliar de manera muy importante la plantilla del personal de limpieza que va a ver duplicado su trabajo en unos centros de deben abrir mañana y tarde. Es fundamental que existan acuerdos marco de colaboración que garanticen la transferencia a las administraciones municipales de los recursos suficientes para poder desarrollar estas competencias impropias.
12 En este momento crucial, reivindicamos, con más fuerza si cabe, una educación pública de calidad, inclusiva e igualitaria. Un modelo educativo que no deje a nadie atrás, independientemente de sus capacidades, de la diferente posibilidad de acceso a recursos, y de las diferentes posibilidades de apoyo familiar y con ello exigimos los recursos que nos permitan abordar las mejoras en la calidad educativa que nuestros alumnos y alumnas necesitan y merecen.
PARTE 3: UNIDAD Y ACCIONES
1 La unidad de acción es hoy más necesaria que nunca. Hoy nos presentamos aquí aunando esfuerzos de familias, estudiantes, docentes y PAS e impulsando acciones conjuntas.
2 El próximo día 27 hay convocada una conferencia sectorial entre el gobierno y las CCAA. Una conferencia que llega tarde pero en la que esperamos que obliguen a nuestra administración autonómica a adoptar medidas que no consistan en pasar la responsabilidad a docentes y familias.
3 Es necesario convocar, con carácter extraordinario y urgente, el Consejo Escolar de la Región de Murcia, órgano superior de participación de los sectores sociales implicados en la programación general de la enseñanza de niveles no universitarios de la CARM, donde deben debatirse y consensuarse todas estas propuestas, tal como lo hiciera en su día el Consejo Escolar del Estado.
4 Mientras, la comunidad educativa está en lucha y movilizada para exigir una vuelta segura. Son tiempos difíciles para expresarnos, pero dentro de estas limitaciones vamos a multiplicarnos con acciones en la calle, en redes sociales, en nuestros balcones, en nuestros centros educativos. Con manifiestos y medidas de comunicación y difusión a la opinión pública, y así vamos a seguir mientras no se adopten las medidas adecuadas.
Organizaciones participantes en la rueda de prensa:
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• FEMAE (Agustín Cruz y Caridad Alarcón)
• FAPA-RM Juan González (Francisca López)
• AMPAS Unidas (María Iturbide y Clara Sáez de Tejadaa)
• AIDMUR (José Luis Sánchez García)
• Asamblea de Docentes por la Escuela Pública de la Comarca de Cartagena(Encarna Aguirre)
• Docentes Unidos (Tania Palop)
• CSIF (Lucía Alcaraz)
• FeSP-UGT (Toñi del Vas)
• Federación de enseñanza de CCOO (Nacho Tornel)
• Sterm Intersindical (Esperanza Martínez)
• Izquierda Unida -RM (Esther Herguedas)
• PSRM-PSOE (Antonio Espín)
• Podemos (María Marín)
Murcia, 05 de AGOSTO de 2020
Duro varapalo del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia a la Consejería de Educación, el cual ha dictaminado que la administración educativa regional ha vulnerado el derecho de AIDMUR al acceso a información pública.
Tras la victoria de AIDMUR en el Tribunal Supremo para la restitución de las pagas de verano sustraídas ilegalmente entre los años 2012 y 2015, en virtud de STS núm. 966/2018, recaída en el recurso noº 291/2012 del TSJ de Murcia, sobre impugnación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 24 de febrero de 2012, la Consejería y las organizaciones sindicales firmaron un Acuerdo para dar cumplimiento y ejecución a dicha sentencia, estableciendo un polémico calendario de pagos que a fecha de hoy se sigue incumpliendo.
A raíz de dicho Acuerdo, realizado a espaldas de AIDMUR, siendo nosotros los recurrentes y ganadores ante el Tribunal Supremo, solicitamos el acceso a toda la documentación pertinente que avalaba dicho acuerdo, después de que la propia consejera, en aquel entonces Adela Martínez Cachá, afirmase públicamente y en
una reunión mantenida con nosotros, que el acuerdo contaba con el aval correspondiente de los servicios jurídicos y económicos de la Consejería de Educación
AIDMUR, como parte interesada y con toda la legitimación legal (tal y como reconoce la legislación y el propio Consejo de Transparencia) requirió a la administración la remisión de dicha documentación y dichos informes para nuestro conocimiento. Sin embargo, la Consejería nunca atendió nuestra legítima petición, haciendo caso omiso a nuestras reiteradas peticiones. Como ejemplo de la actitud de la administración, decir que esta ha ido entregando documentación absolutamente irrelevante en un vano intento de burlar el derecho de nuestros asociados, cosa que no íbamos a tolerar.
Esta actitud fue lo que motivó que AIDMUR decidiera acudir al Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y solicitar, así, su amparo. Desde entonces, y hablamos de 2018, la Consejería de Educación se ha negado a entregar la documentación solicitada a pesar de los requerimientos del Consejo de Transparencia hasta que, hace unas semanas, este organismo dictaminó que la Consejería de Educación ha vulnerado nuestro derecho de acceso a la información, estimando nuestra reclamación y dando un nuevo plazo para hacer entrega de la documentación solicitada.
A pesar de ello, Educación se ha mantenido en su misma postura, lo cual ha motivado que el Consejo de Transparencia haya dictado resolución, el pasado día 30 de julio, instando a la Consejería de Educación a que cumpla con su deber de dar acceso a la información a la que le obliga la ley y a que “ponga en marcha procedimientos administrativos respetuosos y en consonancia con la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la Región de Murcia”; lo cual constituye un duro correctivo a la forma de proceder de una Consejería que suele actuar con prepotencia e ineficacia.
Sin embargo, tal y como nos temíamos y después de haber consultado con fuentes de la propia Consejería, la realidad es que Adela Martínez Cachá, corroborado por el silencio cómplice de la actual consejera, Esperanza Moreno, mintió cuando afirmó que dichos informes existían y que el Acuerdo firmado con los sindicatos, para hacer efectivo la devolución de las pagas de verano ilegalmente sustraídas a los docentes interinos de la Región, contaba con los avales jurídicos y económicos correspondientes.
Es decir, que Educación firmó un Acuerdo, para dar cumplimiento a una sentencia, por valor de más de 40 millones de euros, que afecta a miles de docentes, sin que exista un solo informe que avale dicha actuación. Igualmente, tampoco existe un expediente administrativo que haya registrado toda la documentación relacionada, incluidas las actas de la reunión con los sindicatos y la adopción de acuerdos, ni estudios jurídicos sobre legitimación ni viabilidad económica alguna, lo cual resulta de una gravedad absoluta, pues demuestra la espantosa gestión de recursos públicos realizada por una administración que incumple sus obligaciones más elementales.
A resultas de ello, anunciamos que AIDMUR va a estudiar si concurren responsabilidades legales, administrativas o penales, a consecuencia de esta situación que, incluso, compromete la legalidad de un Acuerdo que se realizó sin contar con la parte que ganó el asunto en el Tribunal Supremo, pues no existe informe jurídico que haya estudiado y avalado, por parte de la Consejería de Educación, la legitimidad de dicho Acuerdo; el cual, por otra parte, se sigue incumpliendo en cuanto al calendario establecido para la devolución de los pagos correspondientes.
El gobierno de la Región de Murcia sigue empeñado en incumplir la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que proclaman el principio de igualdad y no discriminación entre empleados de la administración, independientemente del carácter indefinido o temporal de su relación contractual.
El pasado mes de noviembre la Mesa General de Negociación de la Función Pública aprobó la implantación de la carrera profesional en todos los sectores de la Administración regional, de forma que los funcionarios de carrera de Administración y Servicios y de Educación comenzarán a percibir estos complementos salariales de manera progresiva a partir de abril. De manera expresa, e incomprensible, se excluye a los interinos del cobro de dicho complemento, en un ejercicio de cinismo manifiestamente ilegal que no vamos a consentir.
Desde AIDMUR no entendemos la actitud de la administración regional, empeñada en negar la evidencia legislativa y jurisprudencial, y más cuando este gobierno ya ha sido condenado y avergonzado por el Tribunal Supremo a resultas de la sentencia ganada por AIDMUR el pasado verano por la cuestión del impago del verano a los docentes interinos, lo que motivó la derogación de un acuerdo del Consejo de Gobierno.
Por esta razón, anunciamos que ya estamos estudiando el ejercicio de las acciones legales oportunas, tanto administrativas como penales, contra una norma manifiestamente ilegal e impuesta a sabiendas de su ilegalidad.
No acertamos a entender cómo es posible que una administración incumpla consciente y voluntariamente la normativa constitucional y europea, así como la jurisprudencia, que consagran el principio de igualdad y no discriminación.
Pensamos que a este gobierno poco le importa el cumplimiento de la legalidad, y tampoco debe importarle mucho el gasto que va a originar a los ciudadanos de la Región en litigios ante la justicia. Asimismo demuestran un escaso sentido de la responsabilidad y de la vergüenza cuando saben perfectamente que van a perder ante los tribunales y que van a tener que hacer frente al pago de cantidades millonarias, e incluso indemnizatorias, así como el caos que supondrá la actualización de las correspondientes nóminas a miles de afectados/as.
Por ello nos preguntamos si estos teóricos responsables políticos actuarían de la misma forma si estos tuvieran que afrontar personalmente dichos gastos de su propio bolsillo, pues parecen actuar muy alegremente con el dinero que es de todos; al igual que ha ocurrido con la vergonzosa publicación de un libro plagado de faltas de ortografía, auspiciado por la consejería de agricultura y la de educación, que nos cuesta la friolera de 150.000 euros, y que no ha pasado por ningún control ni supervisión. Y es que esto es lo que ocurre cuando se da cobertura a determinados chiringuitos, entrelazados con relaciones personales, y cuando el nivel de nuestros representantes es tan sumamente bajo, por lo que solicitamos públicamente que la Asamblea Regional fiscalice la actuación del programa escolar de consumo de frutas y hortalizas, que supone más de 800.000 euros que deberían estar perfectamente justificados.
En pleno debate sobre el modelo de acceso a la docencia, y tras las recias críticas al gobierno por excluir la opinión y participación de los docentes en las jornadas #YoSoyProfe, promovidas recientemente por el Ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá, AIDMUR hace público los resultados de una encuesta realizada sobre más de 500 docentes, que ha tenido lugar en las últimas semanas.
En los más de 6 años de vida de nuestra asociación siempre hemos insistido en la necesidad de que las políticas educativas sean consultadas con toda la comunidad educativa y que, en especial, aquellas que tienen que ver con los docentes sean consultadas con estos, pues somos los principales actores por nuestra experiencia diaria en las aulas.
Desde AIDMUR, por tanto, queremos hacer un llamamiento a las administraciones educativas para que tengan en cuenta las opiniones de los docentes, que son los auténticos “expertos” en educación, y se sienten a dialogar, por una vez, con quienes estamos día a día en las aulas. Del mismo modo, queremos hacer un llamamiento a las organizaciones sindicales, en pleno proceso electoral, para que incorporen las opiniones y reivindicaciones de los docentes interinos en sus programas electorales.
Los 546 participantes de esta encuesta dejan unos resultados muy clarificadores sobre cómo mejorar la EQUIDAD Y JUSTICIA EN EL ACCESO DOCENTE y que posibilidades de conseguirlo serían más consensuadas.
Desarrollando las CONDICIONES de un ACCESO JUSTO hay cuestiones que son apoyadas por la mayoría de los encuestados, tales son:
LA MUESTRA:
Se ha propuesto una participación voluntaria y anónima a la que han respondido más de medio millar (546) de docentes en su mayoría con experiencia en las aulas, que han aprobado en alguna ocasión un proceso de concurso-oposición pero no obtuvieron plaza (86,6%) y que trabajan y quieren seguir haciéndolo en las etapas de infantil y primaria (52,5%) y secundaria y bachillerato (35,5%) principalmente.
