La consejería incumple normativa riesgos laborales. Escrito para presentar.

Desde AIDMUR consideramos que el incio de curso, en las circunstancias actuales, incumple la normativa de riesgos laborales, por lo que la semana pasada planteamos una demanda en la que pedíamos que se dictaminen medidas cautelares que garanticen una vuelta segura a las aulas.

En este enlace podéis ver la nota de prensa a tal efecto y desde aquí os podeis descargar la demanda presentada en el juzgado 

Siguiendo la misma base legal nuestros servicios jurídicos han elaborado este escrito para que cualquier persona lo pueda presentar ante la consejería de educación y exija que riesgos laborales certifique la situación de su puesto y, en caso de cumplir las mínimas mediadas de seguridad, tome las medidas oportunas para ello «Escrito docentes consejería». El escrito os lo deberéis descargar y rellenar para presentarlo a  la Consejería de Educación, ya sea por registro físico o telemático, entendiendo la dificultad de editar un documento en pdf lo enviaremos por correo electrónico a todos nuestros asociados y lo compartiremos con la plataforma Docentes Unidos, tal y como nos comprometimos.

“La legalidad del inicio de curso en la Región de Murcia se decidirá en los tribunales”

 En una iniciativa jurídica promovida por AIDMUR, Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia, y a la que se han sumado más de cuarenta docentes de la región desde la plataforma Docentes Unidos, piden en su demanda que se dictaminen medidas cautelares que garanticen una vuelta segura a las aulas.

Murcia 27 de agosto 2020

La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) llevará a los tribunales a la Consejería de Educación al entender que las medidas anunciadas por Esperanza Moreno para el inicio de curso “no ofrecen las mínimas garantías de seguridad sanitaria para hacer frente a la pandemia del coronavirus”.

La secretaria de la asociación, Sara Henarejos, ha explicado que las medidas planteadas por la Consejería de Educación “no garantizan la seguridad ni de los docentes, ni del alumnado, ni de el resto de profesionales que realizan su labor en los centros educativos” por tanto y, ante la inacción de la consejería quien ya ha afirmado que no piensa discutir con la comunidad educativa las medidas de inicio de curso “no nos ha quedado otro remedio que exigir en los tribunales lo que creemos que nos corresponde por derecho y es que se garanticen unos mínimos de seguridad en los centros educativos”.

En opinión de Henarejos  “Esperanza Moreno, ha vuelto a ignorar a la comunidad educativa en sus demandas de contratar más profesorado y habilitar espacios”, pero lo que es más grave “ha ignorado los derechos a la seguridad de docentes, alumnos y trabajadores de los centros educativos”. La secretaría de AIDMUR ha recordado que no es la primera vez que Esperanza Moreno se niega a ampliar las plantilla, pues ya en el mes de marzo cuando el Gobierno de España aprobó la derogación de los recortes del ex ministro Wert, se negó a bajar las ratios y las horas lectivas al profesorado. “En 2012 fueron los primeros en despedir a 3.300 docentes y nunca han manifestado la más mínima intención de recuperarlos, aunque nos vaya la salud en ello, ya parece algo personal” ha afirmado Henarejos,

Los docentes han presentado la demanda de mano de los abogados murcianos Sergio Ramos y José Enrique Saura, Ramos ha expresado que en su opinión lo la Consejería de Educación ha incurrido en una “VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR FALTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” por lo que se solicitar a juzgados de los social de Murcia y Cartagena que resuelvan de forma urgente un procedimiento de medidas cautelares que garanticen una vuelta segura a las aulas. En opinión del abogado, “la Consejería de educación ha faltado a su deber al no realizar una evaluación previa de los riesgos de los puestos de trabajo” y ello a pesar de estar inmersos en un contexto de pandemia y crisis sanitaria, lo que no solo vulneraría lo dispuesto en los arts. 16.2 y 25.1 LPL, sino también las más elementales directrices de las autoridades sanitarias.

Ramos ha explicado que las medidas cautelares pedidas son tan de sentido común como “garantizar que en las aulas se cumple con la distancia de seguridad, un informe de riesgos laborales sobre el riesgo de cada puesto o la entrega de EPIS certificados por riesgos laborales y adaptados al puesto de trabajo”. El abogado ha explicado que el procedimiento de medidas cautelares se utiliza debido a la urgencia de resolución ya que el próximo día 1 los docentes tienen que incorporarse a las aulas y no tienen garantizada la seguridad en las mismas, y con este procedimiento el juez debe resolver de manera urgente aunque el proceso sobre el fondo de la demanda se demorará en el tiempo.

 

Por último Henarejos se ha hecho eco del descontento de gran parte de la comunidad educativa con la Consejera de Educación, y ha lamentado que sean los docentes los que tengan que exigir en los tribunales lo que la Consejería de Educación debería garantizar, “si Esperanza Moreno no se ve capacitada para hacer su trabajo garantizando la seguridad en las aulas, alguien debería invitarle a marcharse y poner en su lugar a una persona que no nos haga peligrar nuestra salud ni la de nuestros alumnos” ha sentenciado, la secretaria de AIDMUR.

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Plataforma por la escuela pública de la Región de Murcia ante el inicio de curso

PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA DE MURCIA-MAREA VERDE

Rueda de Prensa 24 agosto 2020.

 PARTE 1

CRÍTICA DE LAS PROPUESTAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

1. Sobre el proceso de toma de decisiones

Denunciamos que las instrucciones de la Consejeríase han tomado sin participación de la comunidad Educativa. La “colaboración” con los sectores de la que presume la Sra. Moreno se limita a informar a posteriori de sus decisiones, como hizo el pasado jueves.

2. Sobre la contratación de 800 profesores y otro personal

2.1. El número de profesores anunciados para reforzar las necesidades educativas es claramente insuficiente. Se anuncian 800, de los cuales, según hemos podido conocer por los medios de comunicación, 500 serían para la educación pública y 300 para la concertada.

2.2. La educación pública viene sufriendo desde el año 2012 toda una serie de recortes que nos han colocado en una situación deficitaria. El aumento de la carga lectiva y la supresión de la reducción horaria para  mayores de 55 años se ha traducido en 3300 docentes menos que nunca han sido recuperados. En este contexto, los 500 docentes anunciados, poco o nulo efecto van a tener en el conjunto de los más de 650 centros educativos públicos de nuestra región pues no tocan ni a uno por centro.

2.3. Además, hay que recordar que esos 500 fueron anunciados en el mes de julio pero de ellos no se supo nada. No se ofertaron esas plazas en el cupo de docentes, por lo que la organización de los grupos escolares de cada centro se cerró  sin ninguna ampliación de personal y así sigue en la actualidad. 

2.4. En cuanto a los nuevos 300 docentes anunciados el jueves, que sería la cuota de profesorado designada para la escuela concertada nos encontramos con un reparto que cuando menos es desproporcionado teniendo en cuenta tanto el número de centros públicos y privados (una relación de 75%-25%)  como el alumnado de los mismos. También sería un reparto injusto, ya que no se atendería a otros criterios como los diferentes recursos de unos centros u otros, los beneficios económicos que obtienen cada uno de esos centros concertados en su gestión como empresa privada que son, o el número de alumnos en situación de vulnerabilidad que como sabemos se encuentra escolarizado fundamentalmente en la escuela pública.

2.5. A ello además hay que añadir que mientras que el profesorado de la pública será contratado con criterios públicos y objetivos de acuerdo a sus méritos, el de la concertada lo será con los de la propia empresa privada en procesos sin garantías de transparencia.

2.6. Es totalmente insuficiente la asignación de 2 millones para el refuerzo de la limpieza. Con este presupuesto se alcanza para la compra de suministros pero no para el refuerzo del personal, algo que es absolutamente necesario ya que se dobla el trabajo. Tampoco se dice nada del refuerzo de plantilla del PAS, que también es necesaria para el refuerzo en tareas de apoyo para garantizar las medidas de seguridad..

3. Sobre los fondos transferidos

 3.1.- El gobierno de la Región de Murcia recibió en el mes de julio una transferencia del Ministerio de Hacienda, correspondiente, en parte, al primer tramo del fondo COVID-19.

El Real Decreto 22/2020, BOE de 17 de junio, regula los criterios de reparto de los 2000 millones de euros de dicho fondo destinados a Educación. De estos corresponden a la Región de Murcia alrededor de los 73 millones de euros, que se ingresarán en la CARM en el mes de septiembre. Por tanto no es cierto que no haya presupuesto. (sustitución por aportación PSOE)

3.2.- Otra cosa muy diferente es que se quieran destinar esos recursos para otros fines distintos a la prevención del contagio de la Covid19 realizando gastos que corresponden al presupuesto ordinario de la Consejería como el propio mantenimiento de los centros y sus equipos (las partidas de estos fondos no vienen condicionadas). ¿Cómo si no hay que entender que se pretenda destinar parte de esos recursos a obras con el curso empezado o avanzado y con los problemas de espacio que hay en los centros? ¿O cómo hay que interpretar la compra de 23.000 dispositivos para las aulas plumier, que no se podrán utilizar mientras dure la pandemia por la imposibilidad de compartir materiales?

4. Sobre la reducción del “aforo”

4.1 Como comunidad educativa nos resulta indignante la utilización del término “aforo” como si las escuelas fueran plazas de toros o discotecas. El concepto de aforo es un eufemismo con el que confundir a la opinión pública haciendo creer que se baja la ratio.  La medida de reducir la presencia en los centros en un 20% a diario es un auténtico disparate desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de la conciliación y desde el punto de vista de la organización educativa. Es además una medida discriminatoria, pues habrá alumnado que podrá ir a clase cinco días y otros sólo cuatro dependiendo de la ratio de la que partan.

4.2 Es absolutamente injusto que las medidas para reducir el número de alumnos en los centros tengan que recaer sobre las familias y el profesorado y sean a coste cero para la Consejería de Educación.

5. Sobre la “doble” jornada del profesorado.

5.1 Tanto las medidas de “reducción de aforo” para los niveles de infantil, primaria y 1º y 2º de ESO como las de semipresencialidad para el alumnado de 3º y 4º de ESO, FP y Bachillerato suponen doblar la carga lectiva para el profesorado pues debe atender tanto la clase presencial como al alumnado que se queda en casa. Recordemos que además las clases no presenciales deben realizarse desde el domicilio del profesorado porque los centros carecen de los recursos técnicos necesarios para hacerlas desde ellos. 

5.2 Tal vez para compensar esta cuestión, se plantea la posibilidad de que las horas complementarias se hagan en el domicilio, lo que nos lleva a una situación completamente absurda por imposible de ejecutar ya que la configuración de los horarios de los centros no lo permite. Además, las horas complementarias deben seguir realizándose y no son equiparables a horas lectivas.

5.3 Teniendo en cuenta las circunstancias vividas desde marzo en el pasado curso escolar en las que todos los docentes nos vimos desbordados en nuestra labor educativa, dedicándole muchas más horas de las que por horario oficial nos correspondían, exigimos que queden reflejadas desde el comienzo de curso en nuestro horario tanto las sesiones presenciales como las telemáticas para evitar la sobrecarga horaria.

5.4 La posibilidad de grabar en streaming nos genera muchísimas dudas/problemas: vulneración de derechos de imagen tanto del profesorado como del alumnado; exposición de nuestras clases a cualquier persona ajena a la docencia; datos de las distintas plataformas; la ralentización producida porque la propia interacción en las clases y distintas interrupciones o dudas; se generan dos modelos incompatibles con mucha sobrecarga para los docentes.

6. Sobre la seguridad en los centros y los planes de contingencia. 

6.1 En el mes de julio, las direcciones de los centros escolares tuvieron que elaborar sus planes de contingencia. Lo lógico hubiera sido que en estos planes, los centros escolares hubieran elevado a la administración sus necesidades materiales y humanas para poder cumplir con las condiciones de seguridad sanitaria exigidas y después la administración hubiera acordado con ellos las dotaciones necesarias. Pero esto se hizo al revés: la administración estableció unos requisitos que se debían cumplir sin dotar de los recursos para ello (de ahí las dimisiones de algunos equipos y las denuncias de muchos por la imposibilidad de llevarlos a cabo). Todo ello convierte estos planes de contingencia en meros requisitos formales con poca utilidad.

6.2 Los planes de contingencia, que abordan las condiciones en las que se va a preservar la salud en los centros, han sido elaborados por los equipos directivos, es decir, por docentes: maestros, filólogas, matemáticas…Y los han hecho sin asesoramiento en materia de salud de ningún especialista ni intervención de los equipos técnicos de la Consejería en materia de prevención de riesgos laborales que se han limitado a dar una serie de indicaciones de carácter general. Tampoco sabemos a quién le corresponde ahora supervisarlos y aprobarlos

7. Sobre la conciliación de la vida laboral y familiar.

Además de las dificultades ya señaladas que estas medidas van a traer en la conciliación de la vida laboral y familiar, tenemos que señalar que el coste de todas ellas recae exclusivamente en las familias pues no se garantiza que vengan acompañadas de las necesarias medidas complementarias para garantizar la conciliación con su correspondiente partida presupuestaria.

8. Sobre la falta de propuestas para el escenario telemático

Desde marzo no se ha avanzado nada y nos tememos que de nuevo sean los docentes con sus recursos quienes saquen adelante la teleformación. Se anuncia la compra de 17.000 dispositivos móviles y nos preguntamos para cuándo se va a ejecutar el procedimiento administrativo para disponer de este gasto. Recordemos que en el tercer trimestre, la distribución de las tarjetas SIM para el alumnado que no tenía conexión se demoró hasta el 15 de mayo. También hay que recordar que la administración tiene perfectamente localizado al alumnado vulnerable desde el pasado gracias a la labor realizada por los centros educativos que sí hicieron sus deberes.

 

PARTE 2

PROPUESTAS DE LA PLATAFORMA

 

NUESTRA PROPUESTA, QUE AÚNA CRITERIOS SANITARIOS CON CRITERIOS PEDAGÓGICOS INCLUSIVOS: ENSEÑANZA PRESENCIAL EN TODOS LOS TRAMOS EDUCATIVOS

 

1 Reducción de ratios en lo que sea necesario para cumplir las normativas sanitarias de carácter general que se establezcan en cada momento y según las condiciones de la pandemia. Para ello es imprescindible aumentar el profesorado en un número suficiente. Deberían recuperarse los 3300 puestos de trabajo que la educación pública perdió con los recortes.

A pesar de que hace más de un año que se derogó el Real Decreto 14/2012, en Murcia no se ha hecho nada para revertir los recortes que afectan a la ratio máxima establecida. Es lamentable que incluso en esta situación de pandemia en la Región de Murcia se sigan cerrando unidades de infantil y primaria y se mantenga la posibilidad de aumentar hasta un  20% las ratios máximas.

2 Búsqueda de espacios alternativos en cada centro realizando todas las actividades que sea posible al aire libre. Donde no existan espacios suficientes dentro de las propias instalaciones, las administraciones deben poner a disposición de las necesidades educativas otros espacios públicos, para infantil y primaria. En secundaria, se pondrán en marcha turnos de mañana y de tarde. Todas las medidas deben ser eficaces y consensuadas y  minimizar al máximo el impacto sobre la conciliación de forma que, cuando esta se vea alterada, no recaiga el sobrecoste en las familias, especialmente en las más vulnerables. 

3 Mejora y aumento de los medios informáticos y conectividad de los centros, del profesorado y de las familias, así como formación de docentes y familias en recursos didácticos para la enseñanza/aprendizaje con el apoyo de medios digitales. 

4 Coordinación con los centros de salud para realizar labores de prevención y atención sobre la Covid-19, así como de formación y fomento de hábitos de vida saludables entre el alumnado y el resto de la comunidad educativa

5 Garantizar la dotación de material de protección adecuado, tanto para los trabajadores (obligación de la administración que empleadora) como para el alumnado que no disponga de recursos. Este material debe estar visado y regulado por los servicios sanitarios y de seguridad laboral de la administración. 

6 Garantizar los 6 puntos clave para reducir el riesgo de contagio por la COVID-19 en las aulas: formación, protección (mascarillas adecuadas), distancia en aulas (1,5 metros entre alumnos y 2 entre alumno y docente), higiene (aumento del número de lavamanos con colocación de baterías de lavamanos en áreas ventiladas fuera de los aseos), ventilación asegurada en aulas auditadas por personal cualificado y reducción del tiempo de exposición, con clases de 30 minutos que permitan ventilaciones de 15 minutos entre clase y clase

7 La adopción de cualquier medida deberá tener en cuenta la situación de la pandemia en el entorno próximo de los centros. Es necesario elaborar una norma clara sobre los escenarios docentes en función del índice de contagios por cada 100.000 hab. con tres marcos posibles >25, de 25 a 50 y <50.

8 No es un curso normal. Por lo tanto no puede plantearse con los mismos recursos, ni con el mismo profesorado ni con los mismos espacios, ni con los mismos horarios, ni con las mismas programaciones ni con la misma metodología. El alumnado lleva más de seis meses en su casa y muchos estudiantes han pasado por situaciones muy complicadas. No se puede empezar el curso como si el anterior hubiese finalizado normalmente.

9 Hay que reconocer que, a pesar del esfuerzo que ha realizado el profesorado y las familias esta nueva situación ha generado un brecha significativa en la formación de nuestro estudiantado y actuar en consecuencia.

10 Por eso ahora más que nunca hay que trabajar coordinando esfuerzos e iniciativas pedagógicas. Exigimos recursos para garantizar la seguridad pero también para dar una respuesta adecuada a todo el alumnado.

11 Hay que aumentar el personal no docente en los centros, para que pueda reforzar las tareas que garanticen el cumplimiento de medidas de seguridad y ampliar de manera muy importante la plantilla del personal de limpieza que va a ver duplicado su trabajo en unos centros de deben abrir mañana y tarde. Es fundamental que existan acuerdos marco de colaboración que garanticen la transferencia a las administraciones municipales de los recursos suficientes para poder  desarrollar estas competencias impropias.

12 En este momento crucial, reivindicamos, con más fuerza si cabe, una educación pública de calidad, inclusiva e igualitaria. Un modelo educativo que no deje a nadie atrás, independientemente de sus capacidades, de la diferente posibilidad de acceso a recursos, y de las diferentes posibilidades de apoyo familiar y con ello exigimos los recursos que nos permitan abordar las mejoras en la calidad educativa que nuestros alumnos y alumnas necesitan y merecen. 

 

PARTE 3: UNIDAD Y ACCIONES

1 La unidad de acción es hoy más necesaria que nunca. Hoy nos presentamos aquí  aunando esfuerzos de familias, estudiantes, docentes y PAS  e impulsando acciones conjuntas. 

2 El próximo día 27 hay convocada una conferencia sectorial entre el gobierno y las CCAA. Una conferencia que llega tarde pero en la que esperamos que obliguen a nuestra administración autonómica a adoptar medidas que no consistan en pasar la responsabilidad a docentes y familias.

3 Es necesario convocar, con carácter extraordinario y urgente, el Consejo Escolar de la Región de Murcia, órgano superior de participación de los sectores sociales implicados en la programación general de la enseñanza de niveles no universitarios de la CARM, donde deben debatirse y consensuarse todas estas propuestas, tal como lo hiciera en su día el Consejo Escolar del Estado.

4 Mientras, la comunidad educativa está en lucha y movilizada para exigir una vuelta segura. Son tiempos difíciles para expresarnos, pero dentro de estas limitaciones vamos a multiplicarnos  con acciones en la calle, en redes sociales, en nuestros balcones, en nuestros centros educativos. Con manifiestos y medidas de comunicación y difusión a la opinión pública, y así vamos a seguir mientras no se adopten las medidas adecuadas. 

 

Organizaciones participantes en la rueda de prensa:

FEMAE (Agustín Cruz y Caridad Alarcón)

FAPA-RM Juan González (Francisca López)

AMPAS Unidas (María Iturbide y Clara Sáez de Tejadaa)

AIDMUR (José Luis Sánchez García)

Asamblea de Docentes por la Escuela Pública de la Comarca de Cartagena(Encarna Aguirre)

Docentes Unidos (Tania Palop)

CSIF (Lucía Alcaraz)

FeSP-UGT (Toñi del Vas)

Federación de enseñanza de CCOO (Nacho Tornel)

Sterm Intersindical (Esperanza Martínez)

Izquierda Unida -RM (Esther Herguedas)

PSRM-PSOE (Antonio Espín)

Podemos (María Marín)

 

PAGO VERANOS. EDUCACIÓN HA VULNERADO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE AIDMUR.

  • En un duro dictamen el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia dictamina que la Consejería de Educación ha vulnerado el derecho a la información de AIDMUR relacionado con el pago del verano a los docentes interinos.
  • El Acuerdo firmado con los sindicatos para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, en el litigio ganado por AIDMUR, se hizo sin la existencia de informes jurídicos o económicos y sin que se hubiera abierto expediente administrativo alguno.

Murcia, 05 de AGOSTO de 2020

Duro varapalo del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia a la Consejería de Educación, el cual ha dictaminado que la administración educativa regional ha vulnerado el derecho de AIDMUR al acceso a información pública.

Tras la victoria de AIDMUR en el Tribunal Supremo para la restitución de las pagas de verano sustraídas ilegalmente entre los años 2012 y 2015, en virtud de STS núm. 966/2018, recaída en el recurso noº 291/2012 del TSJ de Murcia, sobre impugnación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 24 de febrero de 2012, la Consejería y las organizaciones sindicales firmaron un Acuerdo para dar cumplimiento y ejecución a dicha sentencia, estableciendo un polémico calendario de pagos que a fecha de hoy se sigue incumpliendo.

A raíz de dicho Acuerdo, realizado a espaldas de AIDMUR, siendo nosotros los recurrentes y ganadores ante el Tribunal Supremo, solicitamos el acceso a toda la documentación pertinente que avalaba dicho acuerdo, después de que la propia consejera, en aquel entonces Adela Martínez Cachá, afirmase públicamente y en
una reunión mantenida con nosotros, que el acuerdo contaba con el aval correspondiente de los servicios jurídicos y económicos de la Consejería de Educación

AIDMUR, como parte interesada y con toda la legitimación legal (tal y como reconoce la legislación y el propio Consejo de Transparencia) requirió a la administración la remisión de dicha documentación y dichos informes para nuestro conocimiento. Sin embargo, la Consejería nunca atendió nuestra legítima petición, haciendo caso omiso a nuestras reiteradas peticiones. Como ejemplo de la actitud de la administración, decir que esta ha ido entregando documentación absolutamente irrelevante en un vano intento de burlar el derecho de nuestros asociados, cosa que no íbamos a tolerar.

Esta actitud fue lo que motivó que AIDMUR decidiera acudir al Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y solicitar, así, su amparo. Desde entonces, y hablamos de 2018, la Consejería de Educación se ha negado a entregar la documentación solicitada a pesar de los requerimientos del Consejo de Transparencia hasta que, hace unas semanas, este organismo dictaminó que la Consejería de Educación ha vulnerado nuestro derecho de acceso a la información, estimando nuestra reclamación y dando un nuevo plazo para hacer entrega de la documentación solicitada.

A pesar de ello, Educación se ha mantenido en su misma postura, lo cual ha motivado que el Consejo de Transparencia haya dictado resolución, el pasado día 30 de julio, instando a la Consejería de Educación a que cumpla con su deber de dar acceso a la información a la que le obliga la ley y a que “ponga en marcha procedimientos administrativos respetuosos y en consonancia con la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la Región de Murcia”; lo cual constituye un duro correctivo a la forma de proceder de una Consejería que suele actuar con prepotencia e ineficacia.

Sin embargo, tal y como nos temíamos y después de haber consultado con fuentes de la propia Consejería, la realidad es que Adela Martínez Cachá, corroborado por el silencio cómplice de la actual consejera, Esperanza Moreno, mintió cuando afirmó que dichos informes existían y que el Acuerdo firmado con los sindicatos, para hacer efectivo la devolución de las pagas de verano ilegalmente sustraídas a los docentes interinos de la Región, contaba con los avales jurídicos y económicos correspondientes.

Es decir, que Educación firmó un Acuerdo, para dar cumplimiento a una sentencia, por valor de más de 40 millones de euros, que afecta a miles de docentes, sin que exista un solo informe que avale dicha actuación. Igualmente, tampoco existe un expediente administrativo que haya registrado toda la documentación relacionada, incluidas las actas de la reunión con los sindicatos y la adopción de acuerdos, ni estudios jurídicos sobre legitimación ni viabilidad económica alguna, lo cual resulta de una gravedad absoluta, pues demuestra la espantosa gestión de recursos públicos realizada por una administración que incumple sus obligaciones más elementales.

A resultas de ello, anunciamos que AIDMUR va a estudiar si concurren responsabilidades legales, administrativas o penales, a consecuencia de esta situación que, incluso, compromete la legalidad de un Acuerdo que se realizó sin contar con la parte que ganó el asunto en el Tribunal Supremo, pues no existe informe jurídico que haya estudiado y avalado, por parte de la Consejería de Educación, la legitimidad de dicho Acuerdo; el cual, por otra parte, se sigue incumpliendo en cuanto al calendario establecido para la devolución de los pagos correspondientes.

AIDMUR rechaza la oferta de oposiciones por no consolidar al profesorado interino

AIDMUR sigue manteniendo que cualquier proceso selectivo debe ir acompañado de un proceso de estabilización del profesorado interino, que garantice que ningún docente pierde su puesto de trabajo

Murcia 30 octubre de 2019
Desde Aidmur, y como hemos venido reiterando en las anteriores OPEs, rechazamos cualquier tipo de oposición que no garantice que ningún interino pierda su puesto de trabajo para el próximo curso y exigimos que se negocie conjuntamente con el proceso de oposición un plan de estabilidad para el profesorado interino, que debe venir vinculada a un cierre de listas y a la garantía de que ningún docente pierde su puesto de trabajo.

No rechazamos la convocatoria de OPEs, pero toda OPE tiene que venir acompañada de un proceso de estabilización real de la plantilla actual para garantizarle el puesto de trabajo a toda esa gente que se encuentra en fraude de ley y que tantas veces  ha dado la cara por  la administración en los años más duros de la crisis. En el caso de la Región de Murcia esto va inexorablemente unido a una modificación del acuerdo de interinos que conlleve un cierre de listas y a una oferta basada en la tasa de reposición, en tanto no se modifique el decreto de acceso a la función pública docente de forma que se garantice que el profesorado interino, actualmente en fraude de ley, consolide su puesto de trabajo, reivindicación que desde AIDMUR llevamos al congreso de los diputados en forma de PNL y recordamos que el partido actualmente en el gobierno estatal aprobó.

No podemos entender, si no es desde la óptica electoralista, la precipitación en la oferta de plazas para secundaria sin tener en cuenta que se espera una sentencia del TJUE que podría mejorar la situación laboral de los docentes interinos. Pues ya el pasado 17 de octubre, en las conclusiones de la abogada general, se extraía del mismo informe que al menos todo temporal que estuviera declarado en fraude de ley debería recibir una indemnización lo suficientemente disuasoria para acabar con dicho fraude, y es que la situación del personal interino está tornando tintes dantescos, pues desde 1999 España estaba obligada a desarrollar la normativa europea y no lo ha hecho. Ahora, en este informe, la abogada general de la comisión europea, también señala que las OPEs no son un método para combatir la precariedad laboral y el fraude en la contratación por parte de la administración, aunque si deja la puerta abierta a las oposiciones restringidas y por tanto a la, tan demandada, doble vía.

Desde AIDMUR nos hacemos eco de una pregunta que nos trasmiten nuestros asociados, ¿han pensado en ello la Consejería y los sindicatos?, ¿habrá dinero para las indemnizaciones de los interinos que estén en fraude de ley cuándo cesen en su puesto de trabajo y no se incorporen el próximo curso?. Evidentemente estas preguntas no forman parte de una administración que sigue empecinada en proyectos cortoplacistas y que, ahora mismo, solo está pensando en el 10 de noviembre y en el rédito electoral de una convocatoria de oposiciones.

 

​Es nuestra obligación, como asociación defensora del profesorado interino, alertar de la situación a la que nos están abocando las administraciones regional y estatal, una por llevar a cabo una convocatoria de oposiciones sin tener en cuenta la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras que tanto han dado por la escuela pública, y la otra por no haber desarrollado, en casi 20 años, la directiva europea sobre contratación eventual y abocarnos a presentar cientos de demandas para regularizar la situación del profesorado interino.

Desde AIDMUR exigimos al gobierno regional, cuya consejera de Educación aun no se ha dignado a recibirnos, que vincule esta oferta de empleo público al cierre de listas y a la exigencia al Gobierno del estado del desarrollo normativo de la directiva CE 1999. Y advertimos que de no ser así movilizaremos a todo el colectivo docente interino en la reivindicación de su estabilidad. 

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La PECEPI insiste en la necesidad de establecer procesos de consolidación del profesorado interino

La Plataforma Estatal por la Consolidación y la Estabilidad del Profesorado Interino (PECEPI) se reunió este fin de semana en Madrid para analizar la situación actual del colectivo después de las oposiciones y acordar acciones

Después de analizar la situación del profesorado interino en los diferentes territorios del estado después de las recientes oposiciones la PECEPI continua concluyendo en que el sistema de concurso oposición no garantiza la estabilidad del colectivo como se ha comprobado en los diferentes territorios del estado. Por eso, la PECEPI insiste en la necesidad de modificar el Real Decreto 276/2007 de ingreso en la función pública docente para incorporar el acceso diferenciado y el artículo 61.6 del TREBEP para permitir un proceso extraordinario de consolidación (ingreso por baremo de méritos) en este período de oposiciones masivas en todos los territorios.

Así, se acordó insistir en la petición de reunión con la Ministra de Educación, Isabel Celaá, para atender la propuesta de establecer procesos de consolidación del profesorado interino en la normativa educativa y evitar así que quien no supere las pruebas de oposición se vea en la calle, como así ha ocurrido en diferentes especialidades y cuerpos.

La PECEPI ya solicitó una reunión con la Ministra el curso pasado, que aún no ha sido atendida y volverá a solicitarla para que escuche las peticiones del profesorado interino.

Por otro lado, en la reunión también se trató la esperada sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y las posibles consecuencias sobre el colectivo, que podrían abrir una vía de negociación con el Ministerio si se determina que las oposiciones masivas no son la fórmula para combatir la situación de fraude de ley en que se encuentra el colectivo.

Finalmente, la PECEPI hace un nuevo llamamiento a la unidad del profesorado interino para que trabaje conjuntamente en el mismo objetivo y aunar esfuerzos en esa dirección.

“AIDMUR introduce las reivindicaciones del profesorado interino en el debate electoral”

 

La consolidación del profesorado interino, la igualdad de condiciones laborales y la reivindicación de la educación pública como garante de la equidad social, junto con la rebaja de horas lectivas o las ratios alumno/profesor, ejes del documento que la asociación de interinos ha hecho llegar a los principales partidos políticos que se disputan la presidencia de la Región de Murcia

Murcia 15 de Mayo 2019

Como ya hizo en las dos citas electorales autonómicas anteriores, la asociación de interinos ha mantenido contactos con los principales partidos políticos trasladando las peticiones del profesorado interino. En este sentido Encarni Martínez y José Luis Sánchez, tesorera y vicepresidente de AIDMUR han mantenido reuniones con PSOE, Cambiar la Región de Murcia y Podemos . Reuniones que el vicepresidente de AIDMUR ha calificado como “muy positivas y receptivas”.

En estas reuniones los representantes de AIDMUR han hecho entrega a los partidos políticos de un DOCUMENTO DE PROPUESTAS en el que recogen las propuestas y demandas que la asociación ha recogido de sus asociados. Entre ellas destacan «la apertura del acuerdo de interinos”, que regula la composición de listas. En opinión de Encarni Martínez “es incomprensible que tengamos un sistema de confección de listas en el que el peso de la experiencia sea solo del 33% y que además esta tenga un límite”. En estas propuestas también tienen un peso importante la igualdad del colectivo docente interino con sus compañeros, como es el caso de la carrera profesional. En opinión del vicepresidente de la asociación, José Luis Sánchez “ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que nos diera la razón con el cobro del verano y tendrán que ser una vez más los tribunales los que nos la den con la carrera profesional”, “no entendemos el desprecio y la inquina de esta consejera con el colectivo docente interino”, ha manifestado el vicepresidente de la asociación. Continue reading

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La PECEPI insta al Ministerio de Educación a modificar el Real Decreto de ingreso a la función pública docente

La Plataforma Estatal por la Consolidación y la Estabilidad del Profesorado Interino (PECEPI), de la que AIDMUR es miembro fundador, se reunió este fin de semana en Madrid para analizar la situación actual del colectivo y acordar acciones

Después de analizar la situación del profesorado interino en los diferentes territorios del estado, la PECEPI insiste en la necesidad de modificar el Real Decreto 276/2007 de ingreso en la función pública docente para incorporar el acceso diferenciado y el artículo 61.6 del TREBEP para permitir un proceso extraordinario de consolidación (ingreso por baremo de méritos) en este período de oposiciones masivas en todos los territorios.

La PECEPI continua criticando el acuerdo de marzo de 2017, firmado por el exministro Montoro con determinados sindicatos, que ha dado lugar a la convocatoria de oposiciones masivas actual para consolidar plantillas, pero no al profesorado interino que actualmente está ocupando esas plazas. Por eso, la PECEPI insiste en los procesos de consolidación o, subsidiariamente, en la aplicación de la PNL aprobada a instancias de la PECEPI que, aunque no se aprobó la redacción original que incluía la consolidación, si se consiguió un consenso en un sistema transitorio que incluía entre otras mejoras las pruebas no eliminatorias en todo proceso de oposición. Esta PNL la votó favorablemente el actual partido en el gobierno, por lo que la PECEPI exige, como mal menor, su aplicación inmediata para que tenga efectos en las oposiciones de 2019, ya que los diferentes territorios ya están negociando las convocatorias de oposiciones.

Por otro lado, la PECEPI ha acordado participar en las convocatorias del movimiento Caminando, que está preparando movilizaciones de sectores laborales precarios para el próximo 23 de febrero y 6 de abril.

Asimismo, la PECEPI apoya la manifestación que se celebrará el próximo 9 de febrero en Valencia, por la consolidación y la estabilidad del profesorado interino y la modificación del sistema de ingreso.

Finalmente, la PECEPI hace un nuevo llamamiento a la unidad del profesorado interino para que trabaje conjuntamente en el mismo objetivo y aunar esfuerzos en esa dirección.

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AIDMUR VOLVERÁ A LLEVAR AL GOBIERNO REGIONAL ANTE LA JUSTICIA POR DISCRIMINACIÓN

La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia iniciará acciones legales por la negativa, por parte del gobierno regional, a abonar el complemento por carrera profesional a los empleados interinos.

El gobierno de la Región de Murcia sigue empeñado en incumplir la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que proclaman el principio de igualdad y no discriminación entre empleados de la administración, independientemente del carácter indefinido o temporal de su relación contractual.

El pasado mes de noviembre la Mesa General de Negociación de la Función Pública aprobó la implantación de la carrera profesional en todos los sectores de la Administración regional, de forma que los funcionarios de carrera de Administración y Servicios y de Educación comenzarán a percibir estos complementos salariales de manera progresiva a partir de abril. De manera expresa, e incomprensible, se excluye a los interinos del cobro de dicho complemento, en un ejercicio de cinismo manifiestamente ilegal que no vamos a consentir.

Desde AIDMUR no entendemos la actitud de la administración regional, empeñada en negar la evidencia legislativa y jurisprudencial, y más cuando este gobierno ya ha sido condenado y avergonzado por el Tribunal Supremo a resultas de la sentencia ganada por AIDMUR el pasado verano por la cuestión del impago del verano a los docentes interinos, lo que motivó la derogación de un acuerdo del Consejo de Gobierno.

Por esta razón, anunciamos que ya estamos estudiando el ejercicio de las acciones legales oportunas, tanto administrativas como penales, contra una norma manifiestamente ilegal e impuesta a sabiendas de su ilegalidad.

No acertamos a entender cómo es posible que una administración incumpla consciente y voluntariamente la normativa constitucional y europea, así como la jurisprudencia, que consagran el principio de igualdad y no discriminación.

Pensamos que a este gobierno poco le importa el cumplimiento de la legalidad, y tampoco debe importarle mucho el gasto que va a originar a los ciudadanos de la Región en litigios ante la justicia. Asimismo demuestran un escaso sentido de la responsabilidad y de la vergüenza cuando saben perfectamente que van a perder ante los tribunales y que van a tener que hacer frente al pago de cantidades millonarias, e incluso indemnizatorias, así como el caos que supondrá la actualización de las correspondientes nóminas a miles de afectados/as.

Por ello nos preguntamos si estos teóricos responsables políticos actuarían de la misma forma si estos tuvieran que afrontar personalmente dichos gastos de su propio bolsillo, pues parecen actuar muy alegremente con el dinero que es de todos; al igual que ha ocurrido con la vergonzosa publicación de un libro plagado de faltas de ortografía, auspiciado por la consejería de agricultura y la de educación, que nos cuesta la friolera de 150.000 euros, y que no ha pasado por ningún control ni supervisión. Y es que esto es lo que ocurre cuando se da cobertura a determinados chiringuitos, entrelazados con relaciones personales, y cuando el nivel de nuestros representantes es tan sumamente bajo, por lo que solicitamos públicamente que la Asamblea Regional fiscalice la actuación del programa escolar de consumo de frutas y hortalizas, que supone más de 800.000 euros que deberían estar perfectamente justificados.

AIDMUR DENUNCIA FRAUDE Y PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS Y ARBITRARIAS EN EL PAGO DEL VERANO A LOS INTERINOS DERIVADO DE LA SENTENCIA DEL SUPREMO

Los docentes interinos de la Región estudian acciones legales contra la arbitrariedad de Adela Martínez Cachá en la interpretación y ejecución del acuerdo firmado con los sindicatos que obliga al pago del verano de los cursos 2012-2015.

Murcia, 21 de diciembre de 2018

Caos, arbitrariedad…y fraude. La ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo nº 966/2018, de 11 de junio, que daba la razón a AIDMUR sobre el pago del verano a los docentes interinos, y que dio lugar a un discutido –por deficiente- “acuerdo” con las organizaciones sindicales, está siendo un absoluto desastre que podría tener consecuencias muy graves. Dicho acuerdo fue firmado el pasado 6 de julio y establecía un delirante calendario de pagos entre 2018 y 2022, siendo realizado a espaldas de a la Asociación de Interinos Docentes de la Región, ganadora de la sentencia ante el Supremo.

Desde AIDMUR denunciamos que en estos días la Consejería de Educación está llamando telefónicamente a varias personas para anunciarles el pago de dichos veranos en una acción en la que no existe un criterio transparente ni lógico, pues a unos se les anuncia el pago de uno de los veranos adeudados entre 2012-2015, a otros les va a abonar 2, a otros 3, a otros la totalidad, a otros no los ha llamadoes decir, de manera arbitraria y discriminatoria.

Denunciamos, igualmente, que esta consejería sigue interpretando arbitrariamente tanto la sentencia como el acuerdo con los sindicatos, que expresamente señala la obligación de pago, antes del fin del 2018, de la totalidad de las cantidades adeudadas a “los que han ganado la sentencia”.Como hemos insistido muchas veces, la sentencia solo la gana AIDMUR, pues es la única parte recurrente ante el Supremo, aunque esta Consejería se empeña en no reconocer el dictamen de la justicia.

La administración que dirige Adela Martínez Cachá ha dado orden de pagar a un número de personas indeterminado y arbitrario, pues incluye a unos y excluye a otros, que aparecían como demandantes en la demanda inicial ante el TSJ de la Región de Murcia, así como a algunas de las personas que iniciaron acciones a través de sus sindicatos. Según fuentes consultadas por AIDMUR, el caos y la arbitrariedad en la elección de los “agraciados” es absoluto e injustificado, por lo que nos encontramos ante un hecho insólito que podría poseer graves consecuencias judiciales.

Desconocemos, por tanto, el listado, el procedimiento y el criterio seguido por una Consejería sumida en la negligencia, el oscurantismo y la arbitrariedad absolutos, en un hecho sin precedentes que debería culminar con el cese inmediato de Adela Martínez Cachá.

Denunciamos, asimismo, que la Consejería de Educación nos ha negado el acceso a los supuestos informes jurídicos que avalaban ese acuerdo para el pago de los veranos y que Adela Martínez Cachá nos prometió que iba a facilitarnos, lo cual ha motivado nuestra queja formal ante el Consejo Regional de la Transparencia.

Por si no fuera suficiente, también debemos denunciar públicamente que la Consejería que dirige la Sra. Martínez Cachá podría estar lesionando determinados derechos procesales de AIDMUR, puesto que la administración no está respondiendo a las solicitudes de revisión de oficio interpuestas por AIDMUR y por sus asociados, mientras que sí ha respondido hace meses a las solicitudes de otras personas y organizaciones, con idéntico contenido, y que fueron presentadas con posterioridad. Entendemos que dicha práctica podría ser ilegal y constitutiva de una discriminación, ya que las solicitudes presentadas por nuestros asociados estaban identificadas con nuestro logotipo.

Por todo ello, desde AIDMUR anunciamos que vamos a poner todos estos hechos en conocimiento de nuestros servicios jurídicos para el inicio de las acciones judiciales – administrativas, civiles y penales- que sean necesarias por unas actuaciones que constituyen un auténtico fraude a los interinos docentes de la Región.

Igualmente, exigimos el cese inmediato o dimisión de una consejera que ha demostrado actuar de manera irresponsable e ilegítima, y que demuestra tener un desprecio absoluto hacia la comunidad educativa y los procedimientos legales.